El Gobierno andaluz apurará el plazo de 72 horas que le ha dado la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares, para enviarle este jueves las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, ha confirmado a EFE fuentes de la Junta de Andalucía.

El Ejecutivo andaluz entregará la actas "cuando toque", ha afirmado este miércoles el presidente José Antonio Griñán, quien ha agregado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas", que "naturalmente" el Gobierno de la Junta va a remitir al juzgado.

"Lo que está en el juzgado tiene trámites judiciales y no políticos", subrayado el presidente.

En su último auto del lunes, la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ordenó el envío en sobre lacrado de las 480 actas de los Consejo de Gobierno desde el 2001 a la actualidad.

Tras conocer esta resolución, el Ejecutivo autonómico ofreció su "colaboración al máximo" siempre que sea compatible con la Ley del Gobierno, aunque dice no entender el "tratamiento" que está recibiendo en algunos autos.

La magistrada ha tomado esta decisión cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas.

Mercedes Alaya advirtió a la Junta de que si no entrega copia compulsada o testimonio de las actas en 72 horas cometería un delito de desobediencia, a lo que el Gobierno autonómico respondió que está dispuesto a cumplir con el nuevo requerimiento y que este jueves lo hará efectivo.

La jueza quiere conocer si los consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes de regulación irregulares.

En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de los que 111 los define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, lo que ha evaluado en una cifra superior a los 9 millones de euros.

CONTROL PARA LAS AYUDAS

La Consejería de Empleo ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una orden en la que se refuerzan las medidas de control de las ayudas destinadas por la Junta a los trabajadores afectados por expedientes de expedientes de regulación de empleo (ERE).

La publicación de este Orden, fechada el 1 de abril, coincide con la investigación judicial abierta en relación a los ERE presuntamente fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía.

Esta orden establece los requisitos que deben reunir los beneficiarios de las ayudas y dos programas de ayudas, uno las previas a la jubilación ordinaria a trabajadores que vean extinguido su contrato de trabajo en empresas acogidas a procesos de reestructuración, y, por otro lado, ayudas extraordinarias destinadas a atender situaciones de necesidad.

Los requisitos de los beneficiarios varían en función del tipo de ayudas y, en el caso de las ordinarias, se les exige que la cotización a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral sea al menos de quince años y su cotización en la empresa de la que procedan de un mínimo de tres años.

También se requiere a los beneficiarios que tengan dificultades de inserción y sean mayores de 50 años, que estén afectados por un ERE o por concurso de acreedores y que estén inscritos como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo.

A los beneficiarios de las ayudas extraordinarias se les exige una antigüedad y cotización en la empresa mínima de dos años y que estén afectados por un ERE.

Asimismo, la orden establece una fase preliminar para acceder a las ayudas en la que se valorará la viabilidad de las mismas en función de la repercusión que los procesos de reestructuración tengan en la economía y el empleo de Andalucía.

Posteriormente, la Consejería de Empleo tendrá que emitir un informe sobre dicho impacto y la persona titular de la viceconsejería de Empleo emitirá una declaración por la que se habilite a los trabajadores a solicitar dichas ayudas.

También se regula en dicha normativa la cuantía de dichas ayudas y se fija que la cantidad máxima al mes no podrá ser superior al ochenta por ciento de la media del salario bruto correspondiente a las seis últimas nóminas devengadas, ni superar el importe de la pensión máxima de la Seguridad Social.

Además, se establece que la concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias y el régimen de control de las ayudas se realizará mediante fiscalización previa del gasto, mientras que hasta ahora era posterior.

Asimismo, se designa entidad colaboradora a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a la que corresponde la entrega y distribución de las ayudas, la colaboración en la restitución en los casos que debe haber un reintegro y la justificación mediante certificación de los pagos realizados mensualmente.

Con este orden la Consejería pretende "mejorar los procedimientos de actuación" y "dar un mayor rigor a los procedimientos de otorgamiento de estas ayudas", así como "asumir las advertencias de los órganos de control interno de esta administración seguidas hasta la fecha en materia de transferencia de financiación".