La ejecutiva nacional de ERC ha avalado este lunes el preacuerdo alcanzado con el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa, si bien el sí definitivo a este pacto deberán darlo en una consulta las bases del partido republicano, compuestas por unos 8.700 militantes.
Así lo han explicado fuentes del partido una vez finalizada una reunión de la ejecutiva nacional, de la que forman parte una sesentena de cargos, que se ha alargado durante más de nueve horas.
La militancia de los republicanos deberá posicionarse sobre este pacto, que la formación no ha detallado por el momento más allá de señalar que tiene que ver con "un concierto económico solidario" y que en él se "apuesta por la lengua catalana".
La portavoz del partido, Raquel Sans, comparecerá a las 20.00 horas en rueda de prensa para dar cuenta del citado preacuerdo.
Fuentes de la negociación explicaban esta mañana que las conversaciones habían permanecido "encalladas" en las últimas horas al reclamar los republicanos "garantías" de que lo pactado en materia de financiación se cumpla aunque aterrice en Moncloa un Ejecutivo que no sea socialista.
Durante la jornada de este lunes, ya por la tarde, fuentes republicanas habían informado de que "durante la jornada se han podido ir cerrando flecos" con los socialistas.
Simultáneamente a la reunión de ERC en la calle Calàbria de Barcelona, de hecho, también la dirección del PSC ha celebrado un encuentro más breve a primera hora de esta tarde en su sede de la calle Pallars.
Todo ello, cuando ERC fijó finales de julio como fecha límite para alcanzar un preacuerdo -que luego deberían validar las bases-, pese a que el plazo legal máximo para evitar una repetición electoral finaliza el 26 de agosto.
Ya desde que sufrieran un severo revés electoral el pasado 12 de mayo -pasaron de 33 a 20 escaños-, los republicanos fijaron cuatro "carpetas" para negociar la investidura de Illa: dar pasos hacia la resolución del conflicto político catalán; un nuevo modelo de financiación para Cataluña -una suerte de "concierto fiscal", inicialmente, que se ha ido modulando hasta "avanzar hacia la plena soberanía fiscal"-; políticas de refuerzo del Estado del bienestar y un nuevo impulso al catalán desde la administración.
A esas cuatro carpetas se suma la "carpeta cero", esto es, el cumplimiento de los acuerdos ya alcanzados en el pasado, por ejemplo en el marco de la última investidura de Pedro Sánchez. Durante la última semana ambas partes han escenificado la formalización de varios de estos pactos, con una reunión incluida en el Palau de la Generalitat entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès.
El pacto deberán validarlo mediante una consulta, sobre la que todavía no se ha comunicado una fecha, los 8.700 militantes de ERC, con el no como opción plausible dada la aversión que despierta entre las filas republicanas el PSC y en concreto la figura de Illa, la crisis interna que atraviesa la dirección -con la reciente ruptura del tándem formado por Oriol Junqueras y Marta Rovira- y la polémica por los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall, una vez destapado que salieron de las filas del propio partido.
De darse las anteriores dos condiciones -un preacuerdo, luego validado por la militancia de ERC-, Illa tendría otro obstáculo por sortear: el retorno a Cataluña de Carles Puigdemont, que ha prometido que estará en el Parlament durante el debate de investidura.
Sobre el expresident pesa una orden de detención nacional -tras no aplicársele la amnistía por el delito de malversación-, de modo que si vuelve a Cataluña puede acabar en prisión, añadiendo incertidumbre al momento político.
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