La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que vuelve a solicitar a la Junta de Andalucía todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad dentro de las diligencias incoadas sobre la posible “trama” de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta.

En un auto de 21 folios dictado el 30 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza, que apunta que tuvo conocimiento de la decisión de la Junta por los medios y no comunicándolo aun siendo acusación particular, explica que se solicitan las actas desde 2001 “porque es la fecha del acuerdo-marco datado el 17 de julio de 2001” y suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) “para la materialización de ayudas excepcionales en materia de trabajo y seguridad social por encargo directo de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social”.

Al hilo, Mercedes Alaya indica que este instrumento “ha servido, pese a que su fecha de vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2003” para otorgar ayudas excepcionales durante aproximadamente una década, por lo que “resulta importante para la investigación” si el convenio estuvo amparado en un acuerdo del Consejo de Gobierno y en qué términos se expresó, además de conocer si hubo algún reparo de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas desde 2001 hasta 2003.

Según la magistrada, entre 2003 2003 y 2004 “interesa conocer si el Consejo de Gobierno adoptó algún acuerdo al poder tener conocimiento del déficit de financiación presupuestaria acumulado en los ejercicios 2001 al 2003 en las ayudas comprometidas por el IFA por encargo de la Dirección General de Trabajo, ascendente a 38.317.849 euros” y si se adoptó algún acuerdo para finalizar su vigencia, cuya duración se extendía sin pactarse prórroga.

Además, añade que a partir de 2005 la Intervención General “comienza a realizar los informes definitivos de las cuentas anuales del IFA y los informes definitivos de cumplimiento desde el ejercicio 2002 y siguientes, exponiendo en su análisis, ejercicio tras ejercicio, que por todas las razones anteriormente apuntadas se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que ha generado un importante déficit presupuestario”.

En este sentido, la jueza considera que la Junta “debe entender la importancia y extensión de la investigación, y que nada está más lejos del ánimo de esta instructora de obligar a la Administración a desvelar extremos que sean materia reservada”. Según explica, “lo que se ha pedido son las actas en las que consten los acuerdos del Consejo de Gobierno desde la fecha indicada”. “Las actas ni son reservadas ni son secretas, sólo los documentos que se presentan al Consejo tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo decida hacerlos públicos, y sólo serán secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos”, apunta.

Tras ello, aclara que “ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación de la causa, sólo los acuerdos y las demás circunstancias que deben figurar en las actas”, por lo que se incorporarán a la causa “sólo aquellas actas que sean relevantes para la investigación, devolviéndose las restantes”.

En cualquier caso, asevera que “resulta paradójico que, durante diez años, la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello”, añadiendo que “no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional” contenido en el artículo 119.

Además, la magistrada ha citado para el lunes 4 de abril a la representación legal de la Junta para que se persone en el Juzgado y “se pronuncie sobre si mantiene su requerimiento de inhibición”.

Añade que “al margen de la indebida utilización de fondos públicos”, se investiga si el procedimiento usado “con el indiciario conocimiento de su ilegalidad” revelado por la Intervención “puede constituir un delito de prevaricación”.

El PP-A pedirá los expedientes de las modificaciones de crédito sobre los ERE

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su partido pedirá los expedientes de las modificaciones de crédito en el Parlamento relacionadas con la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cuyas presuntas irregularidades se investigan.

“Muchos de los ERE no llegaban a través de la aprobación del Parlamento, sino a través de modificaciones”, ha indicado Arenas, que cree que esos los incrementos “gestados en el Consejo de Gobierno” de la Junta representarán al final porcentajes muy importantes del total de los fondos.

El líder popular ha asegurado que “está demostrado que desde los consejos de gobierno se inflaron las partidas de los ERE al margen del Parlamento, sin perjuicio de que en siete ocasiones la Intervención lo puso de manifiesto”.

“Esto no es una trampa, es una trama, y así lo ha decidido la propia juez según lo nombra en uno de sus autos”, ha manifestado Arenas.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha acusado al PP de “pretender hurgar en un procedimiento, que sabe normal, para buscar lo que no va a encontrar” en relación a las irregularidades en los ERE.

Según la consejera, ha quedado claro en el Pleno que “algunas personas han vulnerado un procedimiento”, si bien ha añadido que el procedimiento en el que trabaja la Intervención es un proceso continuo y basado en un flujo permanente de información.

Ha reiterado que la Intervención no emitió ningún informe de actuación, requisito que marca la ley para que sea remitido al consejero y al Consejo de Gobierno, y, por tanto, ninguno de los informes de cumplimiento fueron trasladados al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán.

Los “intrusos” empiezan a devolver el dinero

Varios de los 72 “intrusos” detectados en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta han empezado a devolver las cantidades percibidas para acogerse en el futuro a una reducción de la condena por aplicación de la atenuante de reparación del daño.

Fuentes del caso han informado a Efe de que el primero que ha completado el proceso es Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), que ha consignado ante un notario los 110.000 euros cobrados a través del ERE de la empresa Cydeplast, en la que nunca trabajó.

Rosendo intentó entregar dicha cantidad a la Policía, que se lo rechazó, luego en el juzgado de instrucción 6, que tampoco lo recibió, y finalmente lo depositó ante notario, cuya acta ha entregado al juzgado que investiga los ERE fraudulentos.

El juzgado está notificando estos días mediante burofax a los 72 “intrusos” que deben designar abogado y procurador para su futura imputación en la causa, si bien hasta ahora la juez no ha llamado a declarar a ninguno de ellos, que solo han comparecido ante la Policía Judicial.

Las fuentes han precisado que otros perceptores han iniciado el proceso para devolver lo apropiado y beneficiarse en el futuro de la atenuante de reparación del daño.

Han añadido que es previsible que la causa sea impulsada en los próximos días ya que el jueves la Junta de Jueces de Sevilla eximió a a Mercedes Alaya, del reparto de nuevos asuntos penales durante seis meses.