El mal denominado convenio de la Universidad no podrá ser, después de que la Corporación del Ayuntamiento de Estepona así lo haya decidido hoy con la asbtención de un propio miembro del Gobierno municipal y del grupo socialista, el concejal Sergio López. Así, Valadez ya, a todas luces y después de varios intentos, tendrá que despedir su legislatura con una asignatura pendiente, entre otras muchas: el convenio del Guadalobón y Arroyo Vaquero, a pesar de los pesares y de la enmienda con la que comenzaba la exposición del expediente, "los propietarios no iban a poder poner una sólo piedra en sus terrenos a menos que la Universidad estuviera construida".
Los votos contrarios, como los de los ediles no adscritos Juan Manuel Rodríguez o Rafael Montesinos, fueron argumentados de la misma manera que en anteriores ocasiones, especialmente por parte del candidato por CIE, quien recordaba que este convenio sería papel mojado de cualquiera de las maneras teniendo en cuenta que existe un convenio firmado en 1998 que aún sigue vigente. "A menos que se introdujera una claúsula en este convenio que hoy debatimos de nuevo y que anulara el anterior, esto que hoy pretende aprobar Valadez no se puede votar", aseguraba Rodríguez, mientras Agripina Rivas, socia de Valadez, cumplía con lo ya anunciado y argumentado en días atrás: el PA optaba por la abstención.
Idas y venidas a la Fiscalía
No obstante, era el concejal no adscrito Francisco Zamorano el encargado de poner las cartas sobre la mesa, instando a los miembros de la Corporación a votar en contra de este convenio para acto seguido dejar en manos de la Fiscalía Anticorrupción los contenidos documentales publicados en estos últimos días por este grupo mediático. Concretamente hacía referencia al documento manuscrito por parte del presidente de Globalia y propietario de parte de los terrenos que hoy se pretendían modificar, Juan José Hidalgo, así como a las declaraciones realizadas en una entrevista de la que ayer, lunes, publicábamos un corte en el que Hidalgo aseguraba la existencia de 3.500 millones de las antiguas pesetas en una cuenta, destinados a la construcción de la Universidad en esos terrenos.
Zamorano preguntaba y exigía una explicación inmediata a esas declaraciones, así como al paradero de ese dinero o la titularidad de las cuentas en las que podría estar depositado, según palabras de Hidalgo. El ex edil socialista insistía en la gravedad de las informaciones y exigía una explicación acerca del porqué Valadez quería dar carpetazo a un asunto, recalificando unos terrenos que no sólo no garantizaban nada, sino que suponían unas plusvalías de más de 300 millones de euros para los propietarios de los terrenos, sin que ninguna parte de tan astronómica cuantía fuera a parar al pueblo de Estepona. En este sentido, el edil calificaba de paradójico lo acontecido en este pleno, tras recordar cómo minutos antes se había llevado a aprobación una modificación de elementos similar, con la diferencia que ésta primera afectaba a una pequeña porción de tierra en comparación a esta última, pero que en ese caso sí que los propietarios tenían que compartir parte de las plusvalías con el municipio esteponero.
Para asombro de todos, el alcalde, el socialista David Valadez, sí contestaba a las palabras de Zamorano, asegurando que en el tiempo en el que ha sido alcalde no ha llevado a cabo ni una sóla negociación en ningún restaurante de la localidad, así como tampoco ha puesto por escrito compromisos en servilletas de papel. "Claro que hay que pedir explicaciones y depurar responsabilidades. Tenga cuidado no vaya a ser que cuando usted vaya a la Fiscalía yo ya venga de vuelta. Habrá que aclarar el asunto, caiga quien caiga", sentenciaba el alcalde al hilo de los contenidos a los que antes haciámos referencia.
El PP y el PES
Si el portavoz de los populares, Ignacio Mena, repetía postura y volvía a solicitar la aclaración del sentido del voto de los miembros del equipo de Gobierno, el del PES, José Iganacio Crespo, era igual de tibio en sus palabras después de asegurar que iban a optar por la abstención, a pesar de estar de acuerdo con la enmienda incluida en el convenio. Crespo aseguró que después de 22 años si tenía clara una cosa era que la Universidad estaba más lejos que nunca, pero no por ninguna causa que no fuera la falta de voluntad política. "Ha llegado la hora de que sea el pueblo el que decida. Propongo una consulta popular que determine qué es lo que quieren los ciudadanos. Yo, de otra manera, no puedo votar a favor de un convenio de tanta envergadura por temor a equivocarme en un asunto tan crucial", concluía Crespo quien minutos más tarde y tal como anunciaba se abstenía junto con su compañero de partido Manuel Reina. ¿Qué hubiera pasado si las perspectivas hubieran sido otras?
Y como no, matar al mensajero
Quizás para justificar lo injustificable, la edil de Estepona 2007, Rosa Díaz, que votaba a favor de un convenio que sólo iba a reportar cuantiosos beneficios a los propietarios de los suelos, decidía matar al mensajero. Mala maniobra de distracción de atención Sra. Díaz, ya que debería tener en cuenta que este grupo ni es propietario de los suelos ni en modo alguno fue el autor de los ya más que conocidos "renglones torcidos". Este medio, aunque le pese, se limitó a verificar y a publicar un documento por el que se iba a reportar a Estepona más de 24 millones de euros. Así las cosas, la socia de Gobierno de Valadez decidía dedicar duras palabras a los medios, en lugar de defender los intereses de los esteponeros que huelga recordar, son los que a fin de cuentas la sentaron en su escaño ahora hace casi cuatro años.
Los votos contrarios, como los de los ediles no adscritos Juan Manuel Rodríguez o Rafael Montesinos, fueron argumentados de la misma manera que en anteriores ocasiones, especialmente por parte del candidato por CIE, quien recordaba que este convenio sería papel mojado de cualquiera de las maneras teniendo en cuenta que existe un convenio firmado en 1998 que aún sigue vigente. "A menos que se introdujera una claúsula en este convenio que hoy debatimos de nuevo y que anulara el anterior, esto que hoy pretende aprobar Valadez no se puede votar", aseguraba Rodríguez, mientras Agripina Rivas, socia de Valadez, cumplía con lo ya anunciado y argumentado en días atrás: el PA optaba por la abstención.
Idas y venidas a la Fiscalía
No obstante, era el concejal no adscrito Francisco Zamorano el encargado de poner las cartas sobre la mesa, instando a los miembros de la Corporación a votar en contra de este convenio para acto seguido dejar en manos de la Fiscalía Anticorrupción los contenidos documentales publicados en estos últimos días por este grupo mediático. Concretamente hacía referencia al documento manuscrito por parte del presidente de Globalia y propietario de parte de los terrenos que hoy se pretendían modificar, Juan José Hidalgo, así como a las declaraciones realizadas en una entrevista de la que ayer, lunes, publicábamos un corte en el que Hidalgo aseguraba la existencia de 3.500 millones de las antiguas pesetas en una cuenta, destinados a la construcción de la Universidad en esos terrenos.
Zamorano preguntaba y exigía una explicación inmediata a esas declaraciones, así como al paradero de ese dinero o la titularidad de las cuentas en las que podría estar depositado, según palabras de Hidalgo. El ex edil socialista insistía en la gravedad de las informaciones y exigía una explicación acerca del porqué Valadez quería dar carpetazo a un asunto, recalificando unos terrenos que no sólo no garantizaban nada, sino que suponían unas plusvalías de más de 300 millones de euros para los propietarios de los terrenos, sin que ninguna parte de tan astronómica cuantía fuera a parar al pueblo de Estepona. En este sentido, el edil calificaba de paradójico lo acontecido en este pleno, tras recordar cómo minutos antes se había llevado a aprobación una modificación de elementos similar, con la diferencia que ésta primera afectaba a una pequeña porción de tierra en comparación a esta última, pero que en ese caso sí que los propietarios tenían que compartir parte de las plusvalías con el municipio esteponero.
Para asombro de todos, el alcalde, el socialista David Valadez, sí contestaba a las palabras de Zamorano, asegurando que en el tiempo en el que ha sido alcalde no ha llevado a cabo ni una sóla negociación en ningún restaurante de la localidad, así como tampoco ha puesto por escrito compromisos en servilletas de papel. "Claro que hay que pedir explicaciones y depurar responsabilidades. Tenga cuidado no vaya a ser que cuando usted vaya a la Fiscalía yo ya venga de vuelta. Habrá que aclarar el asunto, caiga quien caiga", sentenciaba el alcalde al hilo de los contenidos a los que antes haciámos referencia.
El PP y el PES
Si el portavoz de los populares, Ignacio Mena, repetía postura y volvía a solicitar la aclaración del sentido del voto de los miembros del equipo de Gobierno, el del PES, José Iganacio Crespo, era igual de tibio en sus palabras después de asegurar que iban a optar por la abstención, a pesar de estar de acuerdo con la enmienda incluida en el convenio. Crespo aseguró que después de 22 años si tenía clara una cosa era que la Universidad estaba más lejos que nunca, pero no por ninguna causa que no fuera la falta de voluntad política. "Ha llegado la hora de que sea el pueblo el que decida. Propongo una consulta popular que determine qué es lo que quieren los ciudadanos. Yo, de otra manera, no puedo votar a favor de un convenio de tanta envergadura por temor a equivocarme en un asunto tan crucial", concluía Crespo quien minutos más tarde y tal como anunciaba se abstenía junto con su compañero de partido Manuel Reina. ¿Qué hubiera pasado si las perspectivas hubieran sido otras?
Y como no, matar al mensajero
Quizás para justificar lo injustificable, la edil de Estepona 2007, Rosa Díaz, que votaba a favor de un convenio que sólo iba a reportar cuantiosos beneficios a los propietarios de los suelos, decidía matar al mensajero. Mala maniobra de distracción de atención Sra. Díaz, ya que debería tener en cuenta que este grupo ni es propietario de los suelos ni en modo alguno fue el autor de los ya más que conocidos "renglones torcidos". Este medio, aunque le pese, se limitó a verificar y a publicar un documento por el que se iba a reportar a Estepona más de 24 millones de euros. Así las cosas, la socia de Gobierno de Valadez decidía dedicar duras palabras a los medios, en lugar de defender los intereses de los esteponeros que huelga recordar, son los que a fin de cuentas la sentaron en su escaño ahora hace casi cuatro años.
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