El PP ha extendido a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación y a sus responsables la trama de las irregularidades en los ERE financiados con fondos públicos y ha asegurado que existen hasta siete informes de la Intervención General advirtiendo de la falta de procedimiento.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, “no les queda más camino que dimitir ya o dimitir más adelante”, pero se mostró seguro de que acabarán abandonando sus responsabilidades.

Sanz preguntó al jefe del Ejecutivo andaluz si existía un número mayor de informes de la Intervención General advirtiendo de que no se utilizaba un procedimiento administrativo en las ayudas públicas a las prejubilaciones y a las empresas en crisis y aseguró que existen “siete o más”.

“¿Qué harán Chaves y Griñán si se descubre que había informes de la Intervención correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?”, se preguntó el dirigente del PP, quien ironizó sobre que Griñán haya podido no conocer el de 2005, como aseguró hace quince días, pero “no que no conociera ninguno”.

En este sentido, indicó que a raíz de las últimas informaciones se debe concluir que el “ámbito de las responsabilidades” en este asunto no se debe circunscribir a la Consejería de Empleo, sino que debe extenderse también a las de Economía y Hacienda y a la de Innovación.

Sanz señaló que “terminará probándose” que este asunto no es solo fruto de “un capricho y de una golfería” de un director general, en alusión al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, en el que el Gobierno fija la responsabilidad última a la hora de otorgar irregularmente las ayudas.

El dirigente popular extendió las responsabilidades sobre este asunto además de a los que fueron titulares de Empleo, a los de Economía y Hacienda -el propio Griñán, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo- al actual consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, y al ex titular de Innovación, Francisco Vallejo.

Antonio Sanz afirmó que, en este “fraude”, la existencia de “intrusos” en los ERE financiados por la Junta es “la parte más llamativa pero solo es una parte”, ya que hay que añadir los “sobrecostes” que se han pagado en prejubilaciones bajo la “excusa” de destinar fondos a asociaciones de prejubilados.

De la misma forma, recordó que se debe investigar el dinero que se ha destinado al pago “a intermediarios” en estos procesos, así como las “ayudas irregulares” a las empresas, como también a los ayuntamientos “socialistas” -principalmente de la Sierra Norte de Sevilla y de la provincia de Jaén-.

Por eso, lamentó que la Junta cifre en diez millones de euros el supuesto fraude de los ERE sobre una partida de unos 650 millones de euros, cuando el montante es “muy superior” porque las ayudas no se circunscriben a los ERE “vivos” que ha investigado la Junta.

En opinión de Sanz, existe responsabilidad “directa” por parte del presidente y ex presidente de la Junta porque “llegaron a conocer” la existencia de varios informes de la Intervención General de la Junta alertando de una situación que “afectaba” no solo a la Consejería de Empleo sino a otros dos departamentos.

Frente a estas acusaciones, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, aseguró ayer que lo que quiere el PP es que la Justicia “haga una causa general contra los socialistas” y se mostró convencida de que la jueza “no es eso lo que quiere”.

En una rueda de prensa, Torres expresó el respeto de su partido a las actuaciones de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso, y opinó que “hará el trabajo de la mejor manera que entienda”.

Para los socialistas, si la jueza ha decidido seguir investigando “está en su derecho, su cometido y cumpliendo con su trabajo”. “Una cosa es la Justicia y otra lo que el PP quiere que haga la Justicia, que es una causa general contra los socialistas, pero estamos seguros de que la juez no es eso lo que quiere hacer”, sentenció Torres.

Empleo dice que se investigarán los ERE “muertos” si la jueza pide información

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha dicho que si la jueza que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos les pide información de los ERE ya pagados, llamados “muertos”, harán otra investigación interna, aunque por ahora no tienen ningún requerimiento sobre ello.

Recio aseguró que “hasta ahora” no tienen conocimiento de que la magistrada haya pedido “ninguna información adicional” sobre los ERE “muertos”, aquellos en los que la Junta ya ha cumplido con sus compromisos de pago.

Recalcó que la Junta mantiene su “máxima colaboración con la Justicia”, que es lo que viene haciendo “desde el principio”, y en relación a los expedientes ya abonados dijo que “cuando exista algún indicio de irregularidad”, actuarán investigándolos, igual que hacen “en cualquiera otra de las actividades” de la Junta.

“Mientras no exista ese indicio, no vamos a actuar”, subrayó el consejero, que insistió en que, si la jueza les solicitara documentación la Consejería llevaría a cabo “el mismo procedimiento” realizado con los ERE “vivos” o cuyas pólizas aún se están pagando.

En ese caso hipotético, explicó, la Consejería abriría una nueva “investigación interna para tener conocimiento de la posibles irregularidades”y “mandaríamos toda la documentación que la juez solicitara”, según Recio.

Sobre cuándo va a empezar a citar Empleo a los 72 intrusos, indicó que están en ese “procedimiento” y que “cuanto antes” los convocarán para que “puedan alegar cuáles son las causas” por las que están en los expedientes sin haber trabajado nunca en ellas.