El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración este viernes 19 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Antes, el lunes 15, se celebrará la testifical por videoconferencia del empresario Juan Carlos Barrabés.

Estas dos declaraciones son las más relevantes de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dado que afectan a las dos personas que están en el centro de la investigación del magistrado --si bien sólo Gómez consta como investigada--.

Sin embargo, no serán las únicas que abordará Peinado, porque se suman la testifical del economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos el lunes; y las del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, el viernes.

La declaración de Begoña Gómez se celebrará después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender su comparecencia después de que ella sostuviera en el juzgado que desconocía los hechos que se le imputaban y toda vez que su defensa diera cuenta de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.

Esta comparecencia, al igual que la primera, tendrá lugar con grabación audiovisual pese al intento del abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, de que sólo quedara registrado el sonido para evitar que la imagen de la comparecencia acabará --como ha ocurrido-- en los medios de comunicación dado el carácter público de la defendida.

Además, previsiblemente, la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, volverá a acordar medidas parecidas a las de la primera ocasión, cuando aceptó que la esposa del presidente del Gobierno accediera por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla por motivos de seguridad.

Las comparecencias tanto de Barrabés como de Gómez llegan además después de que haya trascendido un nuevo recurso del fiscal del caso en el que solicita que se "delimite" la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".

En ese recurso, el Ministerio Público mencionaba una de las conclusiones más relevantes de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y es que los inspectores concluyen, en más de 100 páginas, que varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

Cabe recordar que en un auto previo a que trascendiera ese informe policial, el juez respondía a un recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que se pedía que le detallara por qué hechos se la investigaba más allá de las tres adjudicaciones públicas de Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad de Barrabés y que está en manos de la Fiscalía Europea.

Peinado respondía a esas dudas señalando que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad 'Hazte Oír' --aunque tampoco los detallaba--.

Sobre la mesa del juez puede haber hasta tres escritos que giren en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír --que contó con una ampliación-- y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

A esto sumaba que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

El 29 de mayo, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez en la que le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que "las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo" con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno "han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%".

Hazte Oír subraya que Gómez "ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno", y ha "realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales".

Pone el foco en un "contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez". Destaca también la "relación" de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade "las reuniones" en las que "se presenta como esposa del presidente".

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

La formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".

Este viernes, Begoña Gómez podrá acogerse a su derecho a no declarar, contestar solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento; es decir, Fiscalía y la acusación popular que dirige Vox en representación también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa.