Andalucía acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes con una posición clara, que pasa por iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica que aumente los recursos para la comunidad hasta lograr la "equidad", y mantendrá un 'no' rotundo a cualquier privilegio para Cataluña.
El Ejecutivo andaluz reclamará que, mientras no se acometa la "necesaria" reforma del sistema de financiación, se establezca un fondo transitorio de nivelación para las comunidades de régimen común que reciben menos que la media, que son cuatro: Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Además, emplazarán al Ministerio de Hacienda a poner sobre la mesa "una propuesta concreta", un documento escrito a partir del cual iniciar los trabajos, han explicado fuentes de la Consejería andaluza de Economía y Hacienda.
Han lamentado que la ministra, María Jesús Montero, pedía lo mismo cuando era consejera andaluza y lo prometió en 2021, pero finalmente "sólo" se envió un documento técnico sobre población ajustada que no era lo prometido y "nunca" respondió a las alegaciones de la Junta.
Andalucía dice "no a cualquier relación bilateral", ya que entiende que el debate debe ser multilateral, en el seno del CPFF, en el que están representadas todas las comunidades.
La Constitución debe ser la base, con el respeto a los principios de igualdad, garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales, solidaridad interterritorial, competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General, y la existencia e un régimen sin privilegios ni singularidades diferentes a las ya reconocidas ene la Constitución para el País Vasco y Navarra.
El sistema de financiación "debe garantizar el equilibrio vertical y horizontal", según la Junta, que entiende que debe dotar a las comunidades de recursos suficientes y tener "equidad".
El Gobierno andaluz señala varias vías para aumentar los recursos del sistema de financiación, como puede ser aumentar el porcentaje de cesión de la recaudación de los tributos cedidos parcialmente (IRPF, IVA o IIEE); dar a las comunidades un porcentaje de cesión del rendimiento de tributos no cedidos (gravamen a las energéticas, a la banca, impuesto temporal sobre grandes fortunas, etc.); o incrementar los fondos directamente aportados por el Estado de su Presupuesto General, entre otras medidas.
No dar "la llave" de una Hacienda propia
La Junta insiste en que no existe más singularidad que la que reconoce la Constitución a Navarra y el País Vasco y que ese concepto tampoco está recogido en ningún documento del Ministerio de Hacienda, aunque forme parte de los pactos de investidura a nivel de partido.
Ha advertido de que puede afectar al porcentaje de cesión de los tributos ya cedidos parcialmente, a las competencias normativas sobre estos tributos y a las competencias en la aplicación de estos tributos (gestión, inspección, recaudación e incluso revisión).
Andalucía considera que los porcentajes de rendimiento son susceptibles de negociación, pero para todas las comunidades, no para una sola.
El concepto de cesión de los tributos recaudados en Cataluña sería "la llave para una Hacienda Pública propia que afecta alrededor del 20 % del PIB nacional", señala la Junta.
El Ejecutivo considera que no hay motivos técnicos para la creación de un consorcio, sólo motivos políticos. La Junta ha subrayado que si se materializa el acuerdo, el nuevo consorcio asumiría unos 50.000 millones de la recaudación que actualmente gestiona la Agencia Tributaria.
El problema no es la figura, sino el contenido que se le daría. "No se pueden dar ventajas a la desconexión de Cataluña del resto de España", señalan desde el Gobierno andaluz.
La creación del consorcio supondría "el primer paso" para la independencia financiera de Cataluña y la ruptura fiscal de España, lo que se convertiría en "la antesala del ansiado régimen fiscal que quieren los independentistas catalanes, para llegar al 'cupo catalán'", remarcan.
