Un juzgado de Sevilla ha archivado la ejecutoria contra Juan Guerra, hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra
Un juzgado de Sevilla ha archivado la ejecutoria contra Juan Guerra, hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, derivada de su condena por delito fiscal después de que la Agencia Tributaria haya declarado que la deuda es incobrable por insolvencia del acusado.
Juan Guerra y su socio fueron condenados a dos penas de un año de cárcel cada una por un fraude fiscal de 253.627 euros durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra, en un caso sentenciado definitivamente por el Tribunal Constitucional en abril de 2001.
Fuentes del caso han explicado hoy a Efe que en todos estos años la Agencia Tributaria ha intentado, sin éxito, cobrar esa deuda hasta que finalmente ha declarado el crédito incobrable por insolvencia del acusado.
En consecuencia, el juez de lo penal 4 de Sevilla ha archivado la ejecutoria de manera provisional, dejando abierta la posibilidad de reactivarla si el condenado "va a mejor fortuna", según prevé la ley.
El socio condenado abonó la totalidad de su deuda pero Juan Guerra no lo hizo e incluso el juez penal puso en conocimiento del Decanato de los juzgados la posible irregularidad en la venta de un piso embargado, diligencias que finalmente también fueron archivadas, han explicado las citadas fuentes a Efe.
En cuanto a las dos condenas de un año de cárcel cada una, el juzgado concedió a Juan Guerra en julio de 2002 la suspensión del ingreso en prisión dado que carece de otras penas privativas de libertad.
Guerra sólo fue condenado a seis años de inhabilitación en uno de los juicios celebrados contra él, en la denominada "Trama Fridex" sobre la recalificación de unos terrenos en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
El hermano del dirigente socialista, que vive en una localidad costera de Cádiz, fue absuelto en otros cuatro sumarios abiertos contra él en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla: el referente al uso de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno; el de Fracosur sobre la compra de unas fincas; el de Comasa, referente al proyecto para construir un hotel en vísperas de la Expo 92 de Sevilla; y el de Litomed, sobre el desvío de enfermos de la sanidad pública a una clínica privada.
