La comarca de La Janda debe su nombre a la desaparecida laguna del mismo nombre en la provincia de Cádiz. En su apogeo, La Janda era el mayor sistema lagunar de la península ibérica, abarcando unas 7.000 hectáreas. Este vasto humedal se formaba por los aportes de los ríos Celemín, Almodóvar y Barbate, creando una impresionante lámina de agua de 12 kilómetros de largo por 7 de ancho. La laguna fue desecada, entregada a manos privadas para su explotación en la dictadura de Franco, pero pese a que una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1967 reconoció el rescate concesional, el deslinde practicado y el carácter de propiedad pública de la Laguna de La Janda y otras lagunas adyacentes, la situación sigue igual.
A pesar de esta sentencia firme, los terrenos de estas antiguas lagunas continúan en manos privadas, permitiendo la explotación agrícola intensiva y la percepción de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) sin ninguna concesión válida. Actualmente, cultivos extensivos de girasoles, trigo y arrozales ocupa la que era la mayor laguna de España y Portugal. Ecologistas en Acción lo afirma de forma contundente: "Los humedales de la Janda son de titularidad pública, que actualmente se encuentran ocupados y privatizados sin que existan títulos concesionales vigentes para ello y la Administración cuenta con los instrumentos jurídicos y la obligación de proceder a recuperar su pleno dominio y posterior restauración".
Para la Asociación Amigos de la laguna La Janda, es “la ocupación alegal de terrenos públicos más grande de España”, mientras que para Las Lomas, la empresa agroalimentaria que más propiedades tiene en los terrenos desecados no es en absoluto así. Los esfuerzos para desecar esta laguna comenzaron a finales del siglo XIX, pero no se completaron hasta los años 60 del siglo pasado. La desecación se llevó a cabo bajo la Ley de desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos de 1918, conocida como Ley Cambó. Esta ley permitía al Estado conceder y auxiliar la desecación de lagunas cuya superficie fuera superior a 100 hectáreas. La ley otorgaba la concesión de los terrenos desecados por 99 años, autorizando al concesionario a inscribirlos en el Registro de la Propiedad a su nombre una vez acreditada la desecación.
Después de la Guerra Civil, en 1946, el Estado otorgó una concesión para desecar la laguna de La Janda a la empresa Colonias Agrícolas. Sin embargo, el proceso fue conflictivo y la concesión se perdió, siendo reasignada en 1954 a otra empresa, Lagunas de Barbate. No fue hasta 1957 que el Consejo de Ministros aprobó las obras de desecación y el deslinde del dominio público hidráulico. A pesar de los proyectos y las concesiones, la cuestión de la titularidad de los terrenos ha sido objeto de disputa. Un extenso estudio jurídico reciente del doctor en Derecho Administrativo Pedro Brufao ha clarificado que los humedales de La Janda son de titularidad pública y que actualmente se encuentran ocupados y privatizados sin títulos concesionales vigentes para ello. El Decreto 2592/1964 regulaba las obras de desecación y contención de avenidas en las cuencas del río Barbate y sus afluentes, rescatando lo ya deslindado como dominio público para emprender directamente las obras. Según el doctor hay dos vías para recuperar la titularidad pública de la laguna: el interdictum propium (potestad de la que gozan las Administraciones de recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes, sin ninguna limitación, en este caso, avalada por la sentencia de 1967 del Tribunal Supremo que declara el carácter público de la laguna de La Janda) y el expediente de desahucio, lo que obligaría a taponar el sumidero del kilómetro 46.
La Laguna de La Janda tenía un inmenso valor ecológico, histórico y paisajístico, siendo una de las zonas más importantes de Europa para las aves migratorias. A pesar de su desecación, los canales de drenaje y los fragmentos de humedales que se conservan siguen albergando una rica avifauna, incluyendo unas 2.000 grullas invernantes. En épocas anteriores, estas áreas eran cruciales para la nidificación de muchas especies, como las cigüeñas blancas y negras, rapaces migrantes, anátidas y garzas. El valor ecológico y la importancia internacional de estos humedales no han sido suficientes para garantizar su protección legal. La zona sigue sin protección legal adecuada, siendo usurpada y maltratada por la agricultura intensiva. Diversas ONG, incluyendo la Asociación de Amigos de la Laguna de La Janda, han luchado por la recuperación de estos terrenos. Los planos de los de deslindes del Dominio Público de los Humedales de la Janda pueden ser consultados aquí.
El Gobierno es tibio en este asunto. En los últimos años se ha mostrado dispuesto a lo largo de los últimos años a estudiar la situación y tratar de recuperar la titularidad pública de al menos parte de la laguna, pero hasta el momento no ha hecho nada.
EN MANOS PRIVADAS
Los Mora-Figueroa Domecq, originarios de Jerez de la Frontera, son reconocidos como los mayores terratenientes de Andalucía, con un total de 28.242 hectáreas distribuidas en Albacete, Badajoz, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Entre 2018 y 2022, 14 de sus sociedades recibieron 32,9 millones de euros en ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC), siendo Complejo Agrícola SL la firma que obtuvo la mayor parte con 17 millones. Para hacerse una idea de la magnitud de las tierras que poseen cabe destacar que el Parque Natural de Doñana tiene 54.252 hectáreas. Complejo Agrícola SL gestiona la finca 'Las Lomas' en Vejer de la Frontera (Cádiz), un latifundio de 12.000 hectáreas, el mayor de Andalucía en manos privadas. Los colectivos conservacionistas y ecologistas, aunque enfrentados a grandes apellidos que controlan vastas fortunas y poder, como los Mora-Figueroa Domecq, no se rinden. Estos terratenientes, con cerca de 30.000 hectáreas bajo su control, son algunos de los más ricos de Andalucía, con negocios que abarcan desde la agricultura, los toros, el vino y una sociedad muy productiva con Coca-Cola, hasta el sector inmobiliario, la automoción y el turismo.
El objetivo de los ecologistas es claro, según la veterana activista del ecologismo gaditano, Lola Yllescas, promotora del grupo Enebro-Ecologistas en Acción: "La laguna debe ser devuelta a los ciudadanos, ya que fue el humedal interior más extenso de España y uno de los más importantes medioambientalmente de Europa, con una gran biodiversidad que no podemos permitirnos perder".
OROGRAFÍA DE LA LAGUNA DE LA JANDA
La laguna de la Janda es un espacio marcado por una depresión tectónica cerca del Estrecho de Gibraltar, ocupando parte de los términos municipales de Medina Sidonia, Benalup, Conil, Vejer, Barbate y Tarifa. Históricamente, recogía el agua de tres ríos: el Celemín, el Barbate y el Almodóvar, manteniéndose como humedal hasta principios del siglo XX. Sin embargo, su decadencia comenzó en 1918 con la aplicación de la Ley de desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, conocida como Ley Cambó, que permitía la desecación de estos terrenos para combatir el paludismo.
Desde 1918, se inició un proceso de desecación que pasó los terrenos a manos de una asociación de agricultores. Después de la Guerra Civil, en 1946, el Estado otorgó la concesión para desecar La Laguna a la empresa Colonias Agrícolas. El proceso de desecación se basó en la construcción de diques y presas, impidiendo que el agua llegara a la depresión y construyendo grandes desagües. Aunque el último pantano se construyó en democracia, el proceso ha continuado hasta el presente.
Las primeras concesiones no lograron una desecación viable para los cultivos, y los terrenos pasaron a manos de unos pocos terratenientes, entre ellos los Mora-Figueroa Domecq. A pesar de los enormes desagües, la laguna renace durante varios días cada vez que llueve. En 1954, se otorgó una nueva concesión a la empresa Lagunas de Barbate, pero no fue hasta 1957 que se aprobaron las obras y el deslinde del dominio público hidráulico. Los ecologistas descubrieron que en 1967, el Tribunal Supremo sentenció que seis mil hectáreas de La Laguna eran de dominio público. Sin embargo, esta sentencia no se ha cumplido ni se ha hecho cumplir desde entonces. Desde hace cinco o seis años, los colectivos ecologistas han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Andalucía, pero las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras.
En una reciente reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández, este reconoció que hay seis mil hectáreas que pertenecen al Dominio Público y que deben ser defendidas. La idea es establecer una mesa de diálogo con los actuales "propietarios" para que de forma progresiva vayan cediendo terrenos al dominio público, promoviendo cultivos compatibles con la naturaleza y recuperando las zonas húmedas para la fauna y las aves. La recuperación de la Laguna de la Janda es crucial para la restauración de los ecosistemas deteriorados, tal como ha dictaminado la Unión Europea. Aunque la reunión con Morán fue prometedora, los colectivos ecologistas están pendientes de los cambios en el Ministerio tras las elecciones europeas. El objetivo es compatibilizar la conservación de la laguna con la generación de riqueza, como proponen desde el colectivo Amigos del Pericón. Además, cada año se convocan movilizaciones coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales para demandar su recuperación y regeneración.
La familia Mora-Figueroa Domecq recibe una de las mayores subvenciones de la PAC y agua para riego, como si esas tierras fueran suyas. "La batalla por La Janda acaba de comenzar, sabemos que será larga, pero no la vamos a abandonar", aseguran los ecologistas.
MÁS NEGOCIOS
Según el suplemento Ricos 2024, de el periódico El Mundo, Complejo Agrícola SL gestiona la finca 'Las Lomas' en Vejer de la Frontera (Cádiz), un latifundio de 12.000 hectáreas, el mayor de Andalucía. Otra finca destacada de la familia es 'Las Jarillas' en El Pedroso (Sevilla), con 6.000 hectáreas.
Dos ramas de los Mora-Figueroa Domecq comparten Fimora Inversiones SL, participando en Olive Partners SA, socia de Coca Cola Europacific Partners. Alexis Masaveu Mora-Figueroa representa a la familia en Olive Partners.
Netco Investments SL, holding de la rama Mora-Figueroa Mora-Figueroa, desarrolla la franquicia Taco Bell en España y es propietaria del Santa María Polo Club (SMPC), el más importante de España. Además, Los Gaduares participa en Istria Capital SCR y en White Whale Hotel SL, que construirá un hotel de cinco estrellas en Costa Ballena (Rota, Cádiz).
Los Mora-Figueroa también son conocidos por sus conexiones con el franquismo en Andalucía y su participación en el sector de las bebidas, explotando una participación de control en Rendelsur, embotelladora de Coca-Cola en Andalucía, Ciudad Real y Extremadura, hasta su fusión en Olive Partners. Silvia y María Mora-Figueroa siguen manteniendo capital en Coca-Cola a través de Fimora Inversiones SL.
Las principales empresas de la familia están en Madrid y los Países Bajos, y una de sus propiedades más valiosas es el Palacio Domecq en Jerez, gestionado por Netco. Sus fincas en El Pedroso (Sevilla), La Roda (Albacete) y Vejer (Cádiz), junto a sus lazos familiares con los Masaveu, Gómez-Trénor y Benjumea, consolidan su influencia.
El apellido Mora-Figueroa está también vinculado a Sotogrande (Cádiz), donde Netco Investments SL posee el Santa María Polo Club y desarrolla proyectos urbanísticos. En 2020, el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) aprobó un plan urbanístico en Los Pinos, impulsado por los hijos de Ramón Mora-Figueroa Domecq.
Las Lomas, en Vejer, es uno de los latifundios más grandes del país, produciendo anualmente 18.000 toneladas de hortalizas y fabricando algodones, además de organizar cacerías. En 2016, Ramón Mora-Figueroa vendió la finca 'Los Quintos de San Martín' en Badajoz al jeque Mansour bin Zayed, dueño del Manchester City.
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