Con la regulación de los pisos turísticos a debate, Sumar presenta la próxima semana su propuesta fiscal para aumentarles los impuestos, con el fin de rebajar la rentabilidad que ha llevado al 'boom' de este tipo de alquileres.
La propuesta que Sumar prevé llevar al Congreso el próximo miércoles pasa porque los alquileres vacacionales paguen un IVA del 21%, han confirmado a EFE fuentes del grupo parlamentario.
En la actualidad, los alojamientos turísticos que no prestan servicios complementarios considerados como hoteleros no deben declarar el IVA, ya que los rendimientos del alquiler no se consideran derivados de una actividad económica, sino del capital inmobiliario.
Tampoco pagan Impuesto de Sociedades ni IRPF, lo que Sumar propone cambiar.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 España registró 340.424 viviendas turísticas, una cifra récord que supuso un aumento del 9% respecto al año anterior.
A febrero de 2024 la cifra ascendía a 351.389, casi el 70% ubicados en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, ya que la costa mediterránea y las islas concentran la oferta.
La semana pasada la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avanzó que en breve llevará al Consejo de Ministros una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan autorizar o vetar los alquileres vacacionales.
Al margen de las viviendas de uso turístico declaradas, la proliferación de los pisos turísticos ilegales en España en los últimos años ha reducido también la oferta de inmuebles disponibles para el alquiler residencial, con el consiguiente aumento de los precios y de las dificultades para acceder a un arrendamiento estable.
Para frenar dicha proliferación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha abogado esta semana por perseguir su publicidad en plataformas digitales.
En Madrid capital hasta el 90 % de las viviendas que se destinan al alquiler turístico de corta duración no disponen de licencia para ello, según datos del propio ayuntamiento, que ha congelado recientemente la concesión de licencias y endurecido las sanciones, al igual que otras ciudades como Barcelona y Granada.
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