Bélgica cierra el domingo su presidencia del Consejo de la Unión Europea tras un semestre marcado por concesiones a las protestas agrarias e hitos como la apertura de las negociaciones para la entrada de Ucrania a la UE, en plena guerra con Rusia, o nuevas reglas fiscales.

La presidencia belga del Consejo, el órgano que representa a los gobiernos de la UE y encargado de aprobar las leyes europeas junto al Parlamento, logró cerrar 74 expedientes legislativos y avanzar en unos 60 más todavía pendientes de consensuar, y cuyas negociaciones hereda Hungría a partir del lunes, cuando el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán estrene su presidencia rotatoria.

Un asunto que Bélgica entregará bastante apaciguado a Hungría es la carpeta de las protestas agrarias que hubo durante la primera mitad de 2024, azuzadas por las quejas contra las reglas medioambientales de la UE y la competencia desleal extranjera, y que hicieron reaccionar a países e instituciones europeas.

Así, el club comunitario dio luz verde a una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para suavizar algunas exigencias y proporcionar más flexibilidad a los productores agrícolas.

Los cambios ablandan algunas de las prácticas medioambientales que se deben cumplir como condición para recibir subsidios de la PAC y eximen a las pequeñas explotaciones de ciertos controles y sanciones, además de perseguir también una reducción de la carga administrativa que hasta ahora afrontaban los agricultores.

Negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia

En clave geopolítica, Bélgica concluyó su presidencia con un acontecimiento altamente simbólico: el inicio esta misma semana de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea con Ucrania y Moldavia, en un contexto marcado por la guerra. 

Las conversaciones se iniciaron el martes, después de que Hungría accediese a ello tras haberse negado durante semanas por considerar que Ucrania ha reducido los derechos de la minoría húngara que vive en el país.

En la recta final de la presidencia belga, la UE también aprobó el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia, prohibiendo los servicios de recarga de gas natural licuado en el territorio comunitario, siempre y cuando su destino final sea un tercer país.

Sin embargo, la UE no logró que Budapest levantase su veto a los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el que los Veintisiete financian parte del material militar que le dan a Ucrania.

La UE sí pudo sortear durante este semestre el veto húngaro al paquete de 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania para los próximos cuatro años, que salió adelante en febrero sin que los Veintisiete llegasen a ceder a la demanda de Budapest de tener poder para vetarlas anualmente, lo que permitió hacer ya los primeros desembolsos a Kiev.

Bajo presidencia belga se logró también un acuerdo sobre la revisión del presupuesto comunitario plurianual, que estaba vinculado a las ayudas a Ucrania, y otro pacto para que la UE utilice los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones para dar ayuda militar y financiera al Kiev, lo que allanó el camino para un acuerdo en el mismo sentido en el G7.

Más disciplina fiscal

En clave económica, Bélgica pusó el broche a la reforma de las normas europeas de control del déficit y la deuda después de que la presidencia española lograse en diciembre un acuerdo entre los Estados miembros tras meses de negociación.

En abril, al filo de que expirase el mandato del Parlamento Europeo antes de las elecciones, los eurodiputados dieron su visto bueno al pacto, que fue refrendado poco después por los Veintisiete y ya ha empezado a aplicarse con la apertura de expedientes por déficit excesivo a varios países.

La presidencia belga logró también cerrar acuerdos con la Eurocámara sobre la Ley de Industrias de Emisiones Cero, destinada a aumentar la producción local de tecnologías verdes, y sobre las nuevas normas contra el blanqueo capitales, que entre otras cosas prohíben pagos en efectivo superiores a 10.000 euros.

Asimismo Bélgica consiguió un acuerdo entre los 27 Estados sobre el nuevo marco de gestión de crisis bancarias, aunque la postura de los países ha sido duramente criticada por la Comisión Europea y dista mucho de la del Parlamento, con quien tendrán que negociar el texto definitivo ya bajo la batuta húngara.

En el tintero quedó la nueva legislación europea sobre el IVA digital por el bloqueo de Estonia, así como la ley contra la pornografía infantil en Internet, que divide a los Veintisiete por la protección de la privacidad, y que ahora la presidencia húngara tratará de consensuar.