Extienden la denuncia a cinco directivos de consultoras y empresas aseguradoras.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, anunció ayer que este partido presentará el lunes una querella contra 26 personas como presuntos autores de siete delitos relacionados con expedientes de regulación de empleo ilegales, de los que seis son o han sido cargos de la Junta de Andalucía.
Los responsables del Gobierno andaluz denunciados por el PP-A por haberse beneficiado presuntamente con estos ERE son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social del gobierno autonómico Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
Además, el PP-A extiende esta querella a cinco directivos de consultoras y empresas aseguradoras, a los que considera “intermediarios” de la tramitación de estos ERE fraudulentos y a quince personas que habrían obtenido ilegalmente estas prestaciones, la mayoría dirigentes o militantes del PSOE.
Soto explicó que esta querella, de la que ha reiterado en varias ocasiones que “está abierta” a nuevas denuncias, atribuye a los denunciados la presunta comisión de uno o varios delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa, y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
La querella también pide que declaren como testigos dos responsables de servicios a intervención de la Junta de Andalucía, así como el ex consejero andaluz de Innovación, Francisco Vallejo.
“Esto no es una cuestión de tres o cuatro pillos como algunos han querido afirmar; por el contrario, y lamentablemente, es todo un sistema creado para vulnerar la legalidad”, ha apostillado Soto.
En su opinión, la detección de decenas de personas que se habrían beneficiado ilegalmente de pensiones o de complementos de pensiones subvencionados a empresas en las que nunca habían trabajado, o en condiciones a las que no tenían derecho evidencia que la Junta de Andalucía habría creado “un sistema para otorgar subvenciones excepcionales evitando los procedimientos administrativos y los controles legalmente establecidos”.
La dirigente popular admitió que esta querella no plantea la existencia de una financiación irregular del PSOE pero sí exigió responsabilidades políticas a los responsables de la Junta de Andalucía.
