Los responsables del Gobierno andaluz denunciados por el PP-A por haberse beneficiado presuntamente con estos ERE son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social del gobierno autonómico Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
Además, el PP-A extiende esta querella a cinco directivos de consultoras y empresas aseguradoras, a los que considera “intermediarios” de la tramitación de estos ERE fraudulentos y a quince personas que habrían obtenido ilegalmente estas prestaciones, la mayoría dirigentes o militantes del PSOE.
Soto explicó que esta querella, de la que ha reiterado en varias ocasiones que “está abierta” a nuevas denuncias, atribuye a los denunciados la presunta comisión de uno o varios delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa, y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
La querella también pide que declaren como testigos dos responsables de servicios a intervención de la Junta de Andalucía, así como el ex consejero andaluz de Innovación, Francisco Vallejo.
“Esto no es una cuestión de tres o cuatro pillos como algunos han querido afirmar; por el contrario, y lamentablemente, es todo un sistema creado para vulnerar la legalidad”, ha apostillado Soto.
En su opinión, la detección de decenas de personas que se habrían beneficiado ilegalmente de pensiones o de complementos de pensiones subvencionados a empresas en las que nunca habían trabajado, o en condiciones a las que no tenían derecho evidencia que la Junta de Andalucía habría creado “un sistema para otorgar subvenciones excepcionales evitando los procedimientos administrativos y los controles legalmente establecidos”.
La dirigente popular admitió que esta querella no plantea la existencia de una financiación irregular del PSOE pero sí exigió responsabilidades políticas a los responsables de la Junta de Andalucía.
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