Unas 750 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30 % más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según los datos que ha dado a conocer este martes la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley.

Son estimaciones que ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien ha destacado que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que, según datos provisionales, en 2023 se han presentado 727 solicitudes y se han realizado 323 eutanasias.

Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.

A estas bajas tasas se suma una "enorme desigualdad" entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia, según ha detallado la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet.

"No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación", ha lamentado.

A partir del análisis de las últimas cifras oficiales -que corresponden a 2022- casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir.

Además, DMD ha criticado la "excesiva duración" del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.

Maltrato institucional

En este sentido, Marín habla de "maltrato institucional". "Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión".

Todo esto -lamenta Marín- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.

Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, "porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente".

Ha puesto el ejemplo de una mujer de más de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella "y ahí se acabó todo". Finalmente la mujer murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.

"Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el medico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca", lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.

No existe boicot: en todas las comunidades se realizan eutanasias

Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un "boicot institucional", y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias.

"Nos preocupa mucho Castilla y León porque dentro de la Comisión hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia y nos parece que existe un conflicto y que va a haber un sesgo", ha denunciado.

Marín también ha citado a Murcia, donde hay un vocal y un jurista que hicieron un informe de una persona con demencia que decía que no se podía constatar el sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede medir.

Por contra, en el "grupo de cabeza", se encuentran Cataluña, Euskadi y Navarra, mientras que comunidades como Madrid, se encuentran "a mitad de tabla".

DMD denuncia que ocho comunidades no han publicado ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor de la ley: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Galicia.