El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que reclama que la institución respalde las decisiones de los tribunales de justicia "en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en su acción por depurar y perseguir las responsabilidades personales" en el caso de los ERE, por los delitos de "prevaricación, falsedad en documento público y malversación, y por el maltrato y la aplicación de los recursos y del patrimonio público a un fin delictivo, arbitrario e incompatible" con el interés general.
Así se recoge en una proposición no de ley que lleva como título 'Defensa del orden constitucional, la independencia judicial, libertad de expresión y libertades públicas'.
Se insta a la Junta a que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional frente a la Ley de amnistía, "por quebrantar elementales principios constitucionales consagrados" en la Constitución y "atentar contra el estado social y democrático de derecho".
Asimismo, se pide que el Parlamento exprese "su más firme repulsa a las manifestaciones" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y sus ministros que "atentan contra la independencia judicial, sin contención alguna, y que solo contribuyen al deterioro de las instituciones y de la democracia constitucional, con el único fin de pretender socavar la independencia judicial, que es uno de sus pilares fundamentales y que garantiza el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente".
Concretamente, se reclama el rechazo a las "amenazas" del presidente del Gobierno al pretender "quitar al organo de gobierno de los jueces la facultad de nombrarlos", lo que constituye un "atropello constitucional".
Asimismo, se demanda el rechazo de la Cámara autonómica a las manifestaciones de Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno con su iniciativa de "regeneración democrática", en especial, en lo concerniente a los medios de comunicación sobre su "control y rendición de cuentas", por ser una medida "despótica e impropia de demoracias constitucionales avanzadas, que atenta contra los principios más elementales de libertad de expresión, derecho a la información de los ciudadanos y libre ejercicio del periodismo, cuya observancia y límites deben ser solo los de la tutela judicial efectiva".
La iniciativa reclama que el Gobierno central respete y defienda el orden constitucional, sus principios y valores, "sin llevar a cabo actuaciones que lo quebranten", y que vele por el interés general de España y de Andalucía, en especial, en lo referido a la igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado y que no haya "discriminación" en materia de financiación o inversiones.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A indica que no hay dudas de la pretensión de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente "aunque sea a costa de menos democracia". "No podemos minimizar la corrupción institucional con la que pretende tapar sus problemas y debemos seguir defendiendo el estado de derecho, la igualdad ante la ley, la libertad, la independencia del poder judicial y el derecho a la libertad de expresión, de prensa e información.
Para el PP-A, no solo "se ataca a la separación de poderes, la libertad y la igualdad, sino a la misma esencia territorial del estado: "La garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y la prohibición expresa de que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
"España es una democracia avanzada que optó por un sistema político plenamente descentralizado, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas y Andalucía ha sido la única comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del estado", según el PP-A.
En este sentido, entiende que la "voz del pueblo andaluz como expresión de su voluntad colectiva representada políticamente a través del Parlamento, nuestra defensa de valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político para todos los andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás comunidades autónomas de España, no ha sido atendida".
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