El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaba “obligado por ley” a conocer el informe de la Intervención General de la Junta que rechazaba el procedimiento por el que se otorgaban las ayudas públicas a los ERE de empresas en crisis.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto de partido en Sevilla, desveló que hay un decreto andaluz que recoge que en 2005 la Intervención tenía la obligación de entregar “personalmente” sus informes contrarios al procedimiento al titular de Economía, por entonces José Antonio Griñán.

La Intervención de Hacienda emitió en 2005, 2006 y 2007 informes en los que discrepaba con el procedimiento por el que la Consejería de Empleo trasladaba, como transferencias de explotación, fondos al IFA para las ayudas a los ERE y a las empresas en crisis.

“La Ley obliga a que el informe de Intervención del año 2005 se le entregara personalmente al señor Griñán”, indicó Arenas, quien añadió que en ese momento, si atendía al informe, “tuvo que poner en marcha un procedimiento administrativo”, algo que ha quedado como “público y notorio que no hizo”.

Además, según el líder del PP-A, la normativa marca que si no lo hacía tenía la obligación de “llevar el asunto al Consejo de Gobierno para su debate”, por lo que resulta “palmario” que el actual presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda “tenía la obligación legal de conocerlo”, de la misma forma que lo “conoció” el entonces presidente, Manuel Chaves.

Tras declarar que el Gobierno andaluz incumplió la Ley de Subvenciones y la Ley de Hacienda, Arenas lamentó el “daño” que se le está haciendo a la imagen de Andalucía, porque resulta “muy triste” que en estos momentos están “en cuestión todos los fondos” destinados a la creación de empleo en la comunidad.

Arenas, que se mostró convencido de que “desgraciadamente” se van a ir conociendo “muchas más cosas” en próximas fechas, insistió en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, y añadió que a estas alturas están “clarísimas” las responsabilidades de Chaves y de Griñán.

“Lo conoció y lo tapó ocultando esos informes como mínimo seis años, y luego, pese a esos informes, siguió autorizando ese trasvase de fondos de la Consejería de Empleo al IFA”, subrayó sobre Griñán Arenas, para quien el anuncio de que se cambiará el procedimiento supone el reconocimiento “evidente de que han actuado sin norma”.

No se apreciaba menoscabo de fondos públicos

Al respecto, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo que el presidente andaluz “no conoció en ningún momento” esos informes de la Intervención porque “no los tuvo que conocer”, ya que éstos “en ningún caso” apreciaban “menoscabo de fondos públicos”.

Martínez Aguayo, viceconsejera de Economía y Hacienda cuando Griñán era titular de este departamento, explicó que “nunca” habló de los informes con él porque éstos llegan “directamente” a la viceconsejería y “sólo son trasladados al consejero si de ellos se deriva un informe de actuación porque haya menoscabo de fondos públicos, que no fue el caso”.

“Se está diciendo que el presidente supo, tapó y permitió, y ni supo, ni tapó ni está permitiendo, y el que diga esto está mintiendo”, insistió Martínez Aguayo, que calificó como “intolerables” este tipo de acusaciones y dijo que “si se siguen manteniendo, a buen seguro que en los próximos días se actuará contundentemente”.

Insistió en que ella recibió todos los informes, “más de cien al año que llegan de oficio y que no se leen al detalle” y a los que “se presta atención conforme la intervención llama a hacerlo a través de un informe de actuación, que en ningún caso se produjo”, por lo que “no habría tenido sentido comentarle al consejero nada sobre ellos”.

La consejera admitió que “es cierto” que a la intervención de Hacienda el procedimiento administrativo “no le pareció el adecuado”, una apreciación que -según explicó- se basa en que consideraba que “las ayudas deberían tener carácter excepcional y tramitarse como una subvención”, mientras la Consejería utilizaba como vía la “transferencia de financiación de explotación”.

Insistió en que no existe responsabilidad política porque “cada parte de la gestión ha cumplido la suya” y cree que lo que ha ocurrido ha sido “la vulneración de un procedimiento porque algunos han tenido voluntad de hacerlo” y “cuando alguien quiere hacerlo encuentra un resquicio”.

Sin informe de actuación

Por su parte, el presidente andaluz, en un acto en Jaén, reiteró que la Intervención General “en ningún caso” emitió un informe de actuación y admitió que hizo “observaciones al gestor sobre el procedimiento”.

Griñán, subrayó que en el caso de que la Intervención General hubiera elevado un informe de actuación “hubiera supuesto, eso sí, la decisión de cambiar o no el procedimiento, que lleva ya muchos años”.

A su juicio, el cambio en el procedimiento se ha realizado “cuando nos ha parecido oportuno, pero dejando muy claro que la Intervención en ningún momento propuso un informe de actuación".