La juez ha declarado prescrito el delito tras un informe del fiscal según el cual entre el 11 de mayo de 2002, cuando se produjo el despido de la afectada, y la citación judicial de los imputados en noviembre de 2005 transcurrieron más de los tres años previstos para declarar prescrita la causa.
Según el fiscal, la campaña de acoso a la trabajadora se produjo entre marzo y mayo de 2002, según su denuncia, pero después del despido no se produjeron nuevos hechos que permitan fijar otros plazos para la prescripción.
Ha explicado la dificultad de concretar la prescripción por la confluencia de tres legislaciones distintas, pero aún así el fiscal ha entendido que se debe aplicar la más favorable para el reo.
No lo entiende así el abogado de la trabajadora, José Ramón Fernández, quien ha anunciado a Efe que recurrirá el archivo porque los actos delictivos continuaron “con cada día en que no fue repuesta a su puesto de trabajo”.
Álvarez, que fue secretario general del PA, no ha querido hacer declaraciones porque ahora ha abandonado la política y la juez ha anunciado que en los próximos días emitirá una resolución motivando el archivo. La Fiscalía había pedido un año y medio de cárcel para cada uno de los cuatro acusados.
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