El Tribunal Constitucional aborda este martes el primer recurso de calado contra la sentencia de los ERE de Andalucía, a partir de un borrador de sentencia que plantea amparar a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y anular su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Pero, además, el Pleno prevé admitir a trámite el recurso del PP contra la ejecución del acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament de Cataluña, que admitió el voto delegado de los diputados huidos Carles Puigdemont y Lluís Puig, lo que permitió elegir a los miembros de la Mesa y constituir la cámara catalana.
Y, también, se dispone a avalar la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, y establece los hospitales públicos como centros de referencias para esta práctica.
Los magistrados arrancan hoy con el recurso de Álvarez contra la sentencia de los ERE, una vez que este lunes rechazaron por unanimidad el recurso del extitular de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, el primero que aborda de los doce presentados contra la sentencia de los ERE.
Los magistrados debatirán ahora si están de acuerdo con el criterio de la vicepresidenta del TC de anular la condena a la exministra, como ya pidió la Fiscalía del Constitucional, partidaria de estimar los recursos los condenados solo por prevaricación.
Tras ello, la corte de garantías previsiblemente admitirá a tramite el amparo que presentó el PP contra el acuerdo del Parlament que admitió el voto delegado de Puigdemont y Puig, al mismo tiempo que tiene que abordar la medida cautelar que pedía dejar en suspenso la ejecución de dicho acuerdo que, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, prevé avalar.
Pese a la importancia de estos dos asuntos, el Pleno estima que podrá abordar otra cuestión no menos importante, que es el recurso de Vox contra la reforma del aborto, que el tribunal rechazará con la mayoría del bloque progresista frente al conservador, idéntico resultado al de hace justo un año cuando avaló la ley de plazos, impulsada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero.
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