Según ha informado la Policía, la investigación se inició al detectarse la existencia de varias empresas sin actividad económica que, a medida que iban acumulando deudas por impago de las cuotas de seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, se daban de baja.
El 'modus operandi' era el siguiente: tras pasar a una situación de insolvencia se constituían nuevas empresas gestionadas por las mismas personas detenidas, compañías a las que pasaban los trabajadores de las compañías deudoras.
La práctica totalidad de los trabajadores de estas mercantiles, tras permanecer en alta los periodos mínimos exigidos legalmente, solicitaban las correspondientes prestaciones por desempleo.
El operativo policial ha puesto al descubierto la existencia de un entramado empresarial integrado por diez empresas dedicadas a la actividad de la construcción, en la modalidad de subcontratas, que de forma personal y directa estaban dirigidas y controladas por dos de los arrestados.
Para constituir esas mercantiles, los cabecillas facilitaban domicilios falsos pertenecientes, en algunos casos, a gestorías o abogados interpuestos.
Además se consignaba como socios y administradores de las empresas a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros".
La mayoría de estos "testaferros" habían sido trabajadores de empresas anteriores y, en la mayoría de los casos, contaban con amplios antecedentes policiales.
El objetivo era ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, eludir el pago de las cuotas pendientes a la Seguridad Social.
La empresas, que tenían una escasa actividad laboral o carecían de ella, habían dado de alta a un elevado número de personas, a pesar de que sólo se ha podido verificar una obra en la que hayan participado.
Estos supuestos trabajadores declararon haber trabajado, pero no identificaron los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral.
Una gran parte eran mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante y, en otros casos, no habían tenido actividad laboral anterior.
Las personas que eran dadas de alta en estas mercantiles, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del INEM las prestaciones por desempleo, ascendiendo el importe de lo percibido a más de 650.000 euros.
Todas las empresas que integran el grupo venían incumpliendo de forma sistemática, y desde el inicio de su actividad, la obligación de cotizar por los seguros de sus trabajadores, ascendiendo el importe de los descubiertos a unos 4.200.000 euros.
La operación, desarrollada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones al detectarse la posible existencia de nuevas empresas vinculadas al grupo.
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