El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reúne este lunes a las comunidades autónomas para tratar, entre otros temas, la financiación en dependencia y la puesta en marcha del sistema de las tarjetas monedero. En esta reunión, Andalucía volverá a reclamar al ministro del ramo, Pablo Bustinduy, una financiación "justa" para la comunidad en dependencia y un modelo mixto de tarjetas monedero para "no excluir a 280.000 andaluces".
Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han señalado a Europa Press que la principal demanda al Ejecutivo es que la región "no cuenta con la ayuda que se merecen los andaluces en situación de dependencia", ya que "sufren la injusta infrafinanciación del Gobierno de Pedro Sánchez, que castiga a los andaluces incumpliendo su parte de sufragar el 50% como marca la ley".
Así, desde el departamento que dirige Loles López defienden que "el acuerdo del Gobierno con PNV para financiar el 50% de la dependencia --y así garantizar la investidura del ahora presidente-- también se realice en Andalucía". "No es menos un andaluz que en situación de dependencia que un vasco o un catalán", han aseverado, para resaltar que "esto supone un trato desigual".
La Junta ha advertido que Andalucía gestiona el sistema de dependencia más grande del país, y ha recordado que una de cada cinco personas dependientes en España son atendidas en Andalucía, y "lo hace a pleno pulmón, ya que siete de cada diez euros los pone el Gobierno autonómico", ha señalado.
Asimismo, ha alertado que la situación "claramente insuficiente" de financiación "se ha agravado aún más por la falta de Presupuestos Generales del Estado". A este respecto, ha lamentado que la prórroga de los Presupuestos, "a raíz de la convocatoria de las elecciones catalanas, ha supuesto 200 millones de euros menos para atender a las personas en situación de dependencia en Andalucía".
"El Gobierno esgrime que ha aumentado su financiación, pero este aumento está ligado a nuevas obligaciones que superan en coste al incremento del Ejecutivo", han resaltado fuentes de Inclusión Social.
Respecto al sistema de las tarjetas monedero, Andalucía acude a la reunión insistiendo en la necesidad de "cambiar el modelo impuesto por el Gobierno", puesto que "deja sin alimentos básicos a más de 280.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad". Volverá a pedir al Ejecutivo central que "tome las medidas que sean necesarias para que 665 municipios no se queden sin supermercado donde poder usar las tarjetas", ya que "solo 120 disponen de establecimientos", esto es, "ocho de cada diez no tienen un supermercado donde se pueda utilizar la tarjeta monedero obligando a familias que no tienen ni para comer, a desplazarse decenas de kilómetros".
"La Andalucía rural es castigada por esta falta de planificación y la incapacidad del Gobierno de Sánchez", han aseverado desde Inclusión Social. A juicio del Ejecutivo autonómico, sólo 319 supermercados para toda la comunidad andaluza "es una cifra irrisoria" que envidencia "que el modelo propuesto por el Gobierno es caótico y claramente excluyente". Por ello, ha instado al Ministerio del ramo a "escuchar y tener en cuenta" a las comunidades y sus singularidades".
Inclusión Social ha advertido que hay colectivos vulnerables que "se quedan fuera de esta ayuda", tales como "jubilados con pensiones muy bajas, personas sin hogar, personas migrantes, mujeres víctimas de trata o familias con hijos mayores de 18 años". "Que solo se destine a familias con menores a su cargo supone excluir a decenas de miles de personas que necesitan de esta ayuda que es vital para ellos2, ha añadido.
"Andalucía no está dispuesta a perpetuar este modelo a partir de 2025 cuando tenga que asumir el programa", han resaltado desde la Junta, al tiempo que ha resultado que la comunidad "lleva ya casi un año tratando de evitar este despropósito, proponiendo alternativas y advirtiendo de que se deja sin alimentos básicos a 280.000 andaluces".
"Vamos a pedir, una vez más, al Gobierno que sea responsable y atienda a las peticiones y propuesta de las comunidades, y que cuando éstas asuman este programa en 2025, se les permita hacer cambios necesarios y, por ejemplo, adaptar el perfil de los destinatarios a sus propias singularidades o establecer un sistema mixto de tarjetas y reparto", ha concluido.
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