El Consejo Territorial de Memoria Democrática ha aprobado, sin votos en contra, la distribución de tres millones de euros de los fondos correspondientes a 2024 para que las comunidades y ciudades autónomas continúen las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, de los que Andalucía ha recibido 520.000 euros. También esas partidas presupuestarias irán destinadas a labores de divulgación y dignificación de los lugares de enterramiento.
En la reunión, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Fernando Martínez, y los representantes de las comunidades y ciudades autónomas con competencias en memoria democrática, a quienes se ha informado de la distribución por bloques de esta partida.
Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, por un lado, corresponde 2.000.000 euros en la Línea 1 para localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura; además de 1.000.000 de euros en las Líneas 2 y 3, para actividades de divulgación de trabajos efectuados y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria asociados a los mismos.
Los consejeros autonómicos han sido informados de la adquisición del programa Bonaparte para que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses gestione una base de datos nacional.
Se trata de un software desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, que desarrollará una base de datos de ADN, validada en el ámbito internacional forense, para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas.
El sistema permitirá integrar perfiles de ADN y realizar búsquedas sistemáticas con restos mortales procedentes de las exhumaciones de fosas de la guerra civil y la dictadura y ayudar así a su identificación genética. Accederán al banco nacional de ADN los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática.
La Ley de Memoria Democrática contempla la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España y la Comisión técnica para la reparación económica a las víctimas de la guerra y la dictadura, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril.
Las comunidades autónomas participarán con dos representantes en cada comisión a propuesta del Consejo Territorial, tras el acuerdo alcanzado en la comisión sectorial de memoria democrática del pasado 24 de mayo.
Para la Comisión sobre el Pueblo Gitano se designan a los representantes del Principado de Asturias y Junta de Extremadura y para la Comisión técnica de medidas de reparación económica a los representantes de la Comunidad Foral de Navarra y Generalitat de Cataluña.
Por último, en el Consejo Territorial, que es el primero que se celebra en esta legislatura, se ha solicitado a todas las comunidades y ciudades autónomas que si disponen de catálogos de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática los trasladen a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el catálogo estatal.
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