Las autoridades suizas han vuelto a rechazar el auxilio judicial solicitado por el magistrado del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, respecto a la dirigente de ERC Marta Rovira al considerar que los hechos no encajarían en los delitos de terrorismo, según su legislación.
Según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha recibido una respuesta denegatoria de las autoridades helvéticas a la comisión rogatoria que cursó al país donde se encuentra Marta Rovira desde que huyó de España en 2018.
La razón, según explican las fuentes, es que consideran que los hechos relatados en la última petición de colaboración que cursó no encajarían, según el Código Penal suizo, en un delito de terrorismo y se moverían en el terreno de las manifestaciones políticas.
"La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país", señalan, según informa El País.
El pasado mes de diciembre la Oficina Federal de Justicia de Suiza suspendió la tramitación de la comisión rogatoria en la que el juez solicitaba datos para localizar a Rovira.
Las autoridades suizas le pidieron que ampliase los indicios contra ella para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española, y le recordaron que la comisión rogatoria era similar a la que ya cursó en 2019, también en la causa de Tsunami Democràtic, y que le fue denegada.
El magistrado respondió en febrero en un duro escrito en el que recordaba a Suiza que los tratados internacionales le impiden rechazar por motivos políticos el auxilio judicial que solicitó, al ser una causa en la que se investigan delitos de terrorismo.
García Castellón explicó que pidió ayuda a Suiza para localizar a Marta Rovira porque al tratarse de una diligencia que afecta a su derecho fundamental, entiende que el instrumento que ofrece más garantías es la cooperación judicial y no la vía policial.
Y, respecto a la petición de información de una cuenta bancaria suiza que podría haber financiado las protestas del otoño de 2019, precisa que solicitó datos hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democràtic.
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