El PP pidió ayer la comparecencia urgente del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en un pleno del Parlamento, y las del ex presidente Manuel Chaves y otros cincuenta altos cargos, en una comisión, para que expliquen el nuevo caso de fraude masivo que afectaría a los fondos europeos para el empleo.

En una rueda de prensa en Cádiz, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se refería a la información aparecida en ABC en la que se asegura que la Guardia Civil y el TSJA están investigando que se haya permitido a centenares de empresas contratar trabajadores para obtener ayudas de la UE para, una vez recibidas, despedir a esos empleados.

“Se trata de otro hito gravísimo en las políticas de empleo” de la Junta, explicó Sanz, quien recordó que estos casos se han detectado en Cádiz, a raíz de la investigación sobre un fraude en cursos de formación, y constata que “todas las políticas de empleo” de la Junta “están viciadas”.

Censuró el “alarmante descontrol en la gestión de los fondos públicos” en la Consejería de Empleo, que definió como “la cueva de Alí Babá”, y añadió que este “escándalo” se suma al de las ayudas públicas a los ERE de empresas en crisis, al de las ayudas a la formación “y al de las ayudas a empresas afines al PSOE”.

Sanz subrayó que todo apunta a que “todas las políticas de empleo de la Junta pueden estar manchadas por casos de presunta corrupción”, y que además de las explicaciones de Griñán y de Chaves, se tendría que producir la del ex vicepresidente Gaspar Zarrías, y de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, además de los imputados por el ERE de Mercasevilla.

Asimismo, el PP pide la comparecencia de los interventores generales de la Junta, de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, de los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, del consejero de Economía, Antonio Ávila, y de los sucesivos delegados de Empleo en las distintas provincias andaluzas en 2003, 2006 y 2009, entre otros altos cargos.

Quien sí comparecerá en el Parlamento será el titular de Empleo el próximo jueves para informar sobre las conclusiones de la investigación interna sobre los ERE irregulares financiados por la Junta, que de momento ha detectado 70 supuestos prejubilados falsos en 35 expedientes.

El portavoz de Empleo del grupo del PSOE, Ángel Gallego, destacó la apuesta por la transparencia del Gobierno andaluz y señaló, con respecto a la petición del PP que “con esta iniciativa, la derecha andaluza pretende, antes que transparencia, confusión y carnaza mediática para su estrategia partidaria, hipócrita si se compara con su blindaje y silencio cómplice con los casos de corrupción que atraviesan los feudos electorales del PP”.

El propio Recio insistió ayer en Riotinto (Huelva) que va a “perseguir hasta el último céntimo que haya podido ser mal utilizado” y que ofrecerá toda la información que le soliciten los grupos la próxima semana en el Parlamento.

Respecto a las posibles irregularidades en el ERE de Riotinto, Recio indicó que con carácter general “no hay irregularidades”, ya que se trata de “la excepción y no de la norma”, pero no quiso precisar si Minas de Riotinto se encuentra entre las empresas en las que se han detectado.

Mientras, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que solo un caso de ERE indebido en Andalucía sería suficiente para que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presentara su dimisión.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en referencia a esta trama, defendió que la Fiscalía los está analizando “exhaustivamente” y “está cumpliendo con rigor su obligación de apoyar, facilitar e impulsar la instrucción judicial”, aseverando que “llegaremos hasta el final, en Sevilla y en Valencia, en Madrid y en Asturias”.

Cuestionado por las críticas sobre la “doble vara de medir” que utilizaría el Ministerio Público según el color político de los implicados en casos de corrupción, respondió que “tenemos una doble vara de medir, una para los delincuentes y otra para los inocentes, y ahí se acaba todo”.

Conde-Pumpido dice que el fraude en las ayudas de la UE afecta a siete provincias

Cándido Conde-Pumpido dijo ayer que el presunto fraude en ayudas de la UE al empleo se ha producido en siete de las ocho provincias andaluzas y que la investigación está a punto de concluir y ser enviada a los juzgados correspondientes.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de clausurar una jornada de fiscales superiores, Conde-Pumpido dijo que el fraude consistiría en que las empresas recibían un dinero por la creación de puestos de trabajo que luego no se mantenían, por lo que hubo un “mal uso” a las ayudas.

El presunto fraude fue llevado a cabo por empresas particulares de las ocho provincias andaluzas excepto Huelva y ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Preguntado si la investigación se refiere también a la presunta negligencia de la Junta en el control de los fondos, el fiscal general dijo que la Fiscalía “no quiere hacer ningún pronunciamiento previo” pero confirmó que se trataba de fondos europeos canalizados a través de las autoridades andaluzas.

Además de las empresas investigadas, “si hay otras responsabilidades, se derivarán de la investigación judicial”, dijo.

Añadió que la investigación fue prorrogada después de un primer plazo de seis meses pero se encuentra casi concluida y en breve se va a enviar a los órganos judiciales correspondientes.

Según el diario ABC, el caso alcanzaría a “cientos de empresas, que podrían superar el millar”, aunque no todas actuaron de forma fraudulenta, sin que se haya cuantificado la cantidad cobrada.

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, aclaró que la investigación es “fruto” de una investigación de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo para la cual se ha solicitado colaboración a su Consejería ya que colaboraba con el Ministerio de Trabajo “en la gestión y el control” de las ayudas.

Carbonero acusa a PSOE y PP de montar un circo

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, acusó ayer a PSOE y a PP de estar montando “un circo” respecto al caso de las supuestas irregularidades en las ayudas a los ERE de empresas en crisis, porque están contribuyendo a dar una imagen falsa de una Andalucía de “corrupción e irregularidades”.

En rueda de prensa para presentar un informe sobre la situación laboral de las mujeres en Andalucía, Carbonero se mostró “muy preocupado” por la situación de los trabajadores pero “tanto y más” por la imagen que se da de esta comunidad, a la que, a su juicio, están contribuyendo “muchos” pero especialmente el PSOE y el PP, partidos a los que acusó de “montar un circo todos los días”.

A su juicio, no se puede estar todos los días haciendo un esfuerzo para mostrar una Andalucía “atractiva a la inversión” y a la vez estar contribuyendo a la imagen de que éste es un “estado absoluto de corrupción e irregularidades”, por lo que deben “sacar esta situación de este circo permanente”, que no hagan “demagogia” y que se “despreocupen bastante” del interés partidista.

Carbonero se mostró partidario de la creación de comisiones de investigación en el Parlamento pero advirtió de que los partidos han ido “devaluando su efectividad”.

“Se han creado pocas en este país y las pocas que se han creado no han servido para nada. Sólo para hacer todos los días un rosario de titulares”, indicó Carbonero, quien agregó que “lo más eficaz y lo más efectivo es la actuación inmediata de la Justicia” y depurar las responsabilidades civiles y políticas posteriormente.