El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha afirmado que la Junta ha detectado “algunas” presuntas irregularidades en ERE tramitados a partir de 2008, año en el que Javier Guerrero dejó la Dirección General de Trabajo, y ha situado en 33 el número de nuevos casos detectados en la investigación, con lo que se elevan a 70 el número de irregularidades.

En rueda de prensa en la Consejería, posterior a su comparecencia en el Parlamento andaluz, Recio no ha querido detallar en qué mes se produjeron esas presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo ni cuántas fueron, pero sí ha reconocido que a partir de esa fecha “sí hay irregularidades”.

El consejero ha dicho que son 33 y no 32 -como había afirmado en la Cámara- los nuevos casos de supuestas prejubilaciones falsas hallados en una segunda fase de la investigación interna de su departamento y ha rechazado en repetidas ocasiones ofrecer datos sobre personas o empresas afectadas puesto que “es un asunto que está en el juzgado”, ha insistido.

Estos 33 nuevos casos han sido detectados en cinco expedientes de regulación de empleo de siete empresas, con lo que aumentan a 35 el número de ERE investigados y a 19 las empresas afectadas, con 70 personas entre los supuestos prejubilados falsos y 70 expedientes “vivos”, según ha explicado Recio, que no ha descartado que puedan aparecer nuevas irregularidades.

Ha recordado que se han estudiado por el momento ERE que afectan a 1.569 trabajadores en 35 empresas, de los cuales 1.499 presentan situación clara y en 70 hay una presunta “discordancia”, lo que supone un 4,46% del total.

El consejero ha apuntado que actualmente quedan por analizar la mitad de los ERE ‘vivos’ para determinar si se han registrado irregularidades y ha apuntado que, una vez que se acabe de investigar dichos expedientes, la Junta podría investigar los expedientes ‘muertos’ si se observaran indicios de irregularidad.

Ha recordado que junto a las nuevas irregularidades detectadas en los ERE además también se va a remitir el resultado de un primer análisis efectuado del estado de todas las ayudas a empresas con cargo a la partida 3.1.L, que estaba gestionada por la Dirección General de Trabajo, y en este caso se trata de 130 ayudas han percibido casi 87 millones de euros, de los que 13 han ido a ayuntamientos, que han percibido 3,3 millones de euros, y sobre lo que “será la juez la que determine si hay irregularidades”.

Preguntado por si se siente responsable de no haber detectado antes el supuesto fraude, ha dicho que está “investigando y trasladando al juzgado cualquier posible irregularidad, dando fe en el Parlamento de Andalucía y compareciendo ante los medios de comunicación”, por lo que se ha preguntado “qué más puede hacer un consejero desde el punto de vista de la responsabilidad”.

“Estoy dando todas las explicaciones necesarias desde el punto de vista judicial y parlamentario -ha dicho Recio- y respetando la vida parlamentaria”, por lo que ha pedido al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons -que había reclamado una comisión de investigación en la Cámara autonómica- que se pregunte “qué es lo que hacen ellos en casos similares”.

Ha insistido en que es “un honor” para él ocupar su puesto de consejero y que seguirá haciéndolo mientras cuente con la confianza del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y ha defendido la “honorabilidad” y la “credibilidad” de sus antecesores en el cargo frente a “quien se desdice de sus manifestaciones”, en referencia a Guerrero.

Recio ha afirmado que a su criterio “los fondos, con carácter general, están bien aplicados” por lo que ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad a todas las personas que se han visto afectadas por procesos de regulación de empleo y que están recibiendo una ayuda por parte de la Junta para esa finalidad”.

Ha insistido en que su Consejería está “trabajando a toda máquina” en este asunto y en que “si se encuentra cualquier irregularidad serán enviada al juzgado de forma inmediata”, por lo que ha resaltado que “la Junta no tapa ni esconde nada” y que está dispuesto a “recuperar hasta el último euro”.

Previamente, en el Parlamento, Manuel Recio también anunciaba la remisión del primer análisis de las ayudas a empresas y ha reiterado que la finalidad de estas ayudas ha sido “la adecuada”.

El objetivo de las ayudas ha sido apoyar el mantenimiento y la creación de empleo, según Recio, que ha defendido la “honorabilidad” de las empresas ante estas ayudas. “Lo mejor para terminar con todas esas sospechas es mandarlo todo a los tribunales y que sean ellos los que certifiquen la legalidad y si ha existido anomalía e irregularidades que así lo juzgue”, ha sostenido.

El titular de Empleo comparecerá en Parlamento con la finalidad de que los grupos puedan debatir sobre la documentación y ha insistido en que el objetivo de la Junta es recuperar “hasta el último céntimo” cuando el juzgado determine las irregularidades.

Las informaciones periodísticas siguen señalando a Fernández

Las informaciones periodísticas sobre la trama de irregularidades en los ERE y las ayudas a empresas siguen señalando a los ex consejeros de Empleo como responsables en la toma de decisiones, especialmente a Antonio Fernández, al estar incluido en un expediente que él mismo firmó y que asciende a 386.000 euros.

Numerosas fueron ayer las referencias que se realizaron en el Parlamento andaluz a la entrevista concedida a El País por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, quien afirmaba que los consejeros de Empleo eran los que “decidían” las ayudas directas a las empresas y que “nadie puso pegas” a que se incluyeran a “criaturas” que entraban en los ERE aunque no cumplieran los requisitos, en referencia a los intrusos.

Además, el diario El Mundo hacía hincapié en el hecho de que Empleo reservara 386.000 euros para Antonio Fernández por su inclusión, aunque fuera trabajador en excedencia, en el ERE de González Byass, cuantía que ascendería a 420.000 euros si cobraba la indemnización por despido que le correspondía entre julio de 2010 y agosto de 2012, fecha en la que comenzaría a cobrar la prejubilación al cumplir los 56 años.

Esta póliza, suscrita con Vitalicio y por un montante global para el ERE de 19 millones de euros, no ha sido hecha efectiva por Antonio Fernández al no haber firmado el boletín de adhesión, según declaró él mismo ante la jueza.

Ante estas informaciones, el consejero de Empleo, Manuel Recio, al que el PP pidió ayer reiteradamente su dimisión, aseguró que no “obstruye” la investigación de las ayudas a ERE irregulares, y dijo que cree a sus predecesores en el cargo frente a las acusaciones del ex director general de Empleo.

“Mi credibilidad está al lado de aquellas personas que han dejado cientos de horas para solucionar problemas de Andalucía. Y esos son los consejeros, todos los consejeros de la Junta de Andalucía, los de Empleo, por supuesto. Y todos los consejeros desde el principio de la Junta de Andalucía”, indicó Recio.

Indicó que a quien no cree es “a una persona que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria”, y lamentó que el PP dé “mayor” credibilidad a esa persona que “a todas esas personas que han dejado su vida por los andaluces. Lo hacen de forma desinteresada, no engañan a nadie”.

Griñán lamenta que Arenas crea más a “un imputado”

El jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, lamentó ayer que el PP crea la versión de “un imputado” sobre que los consejeros de Empleo conocían las irregularidades en las ayudas a los ERE, mientras que el líder del PP-A, Javier Arenas, le pidió que dimita si no crea una comisión de investigación.

Griñán respondía así a una pregunta en el pleno del Parlamento andaluz formulada por Arenas sobre la política del Gobierno tras la aprobación del nuevo Estatuto, aunque el debate transcurrió por otros derroteros, principalmente el de las ayudas de la Junta a los ERE de empresas en crisis.

“Usted dice que hoy se ha descubierto una trama”, señaló Griñán en alusión a las palabras de Arenas, quien se remitió a las declaraciones del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en una entrevista en El País, en las que afirma que los consejeros de Empleo eran los que “decidían” las ayudas directas para los fondos a las empresas.

Advirtió a Arenas de que si hubiera que dar más credibilidad a un imputado “que a una persona honorable, cosa que yo no hago”, habría que convenir “que el señor (Francisco) Correa -cerebro de la trama Tertel- entró en el PP de su mano. Usted lo negó y cuando lo negó yo le creí a usted porque creo más en su palabra que en la de un imputado, y usted debería hacer lo mismo”.

Previamente, Arenas había concluido su última intervención recordando al presidente de la Junta que hoy había “una persona de su confianza” -en alusión a Guerrero- que confirmaba la existencia de una trama en el caso de los ERE, y aprovechó para pedirle que respalde la creación de una comisión de investigación.

“Le demando una vez más una comisión de investigación. Si no acepta la comisión de investigación yo le pido que presente su renuncia como presidente de la Junta”, subrayaba Arenas, sobre lo que Griñán ironizó en su respuesta afirmando: “yo podría renunciar y ustedes podrían proponer a un imputado como presidente de la Junta”, en alusión a la candidatura de Francisco Camps a Valencia.

En el rifirrafe, Arenas insistió en que se pone en cuestión la “legalidad” de los fondos públicos, los ERE, las ayudas a la contratación, los fondos de fomento y las ayudas a empresas, ya que son “los dineros” de los parados y de los trabajadores, y tras lo cual hay “responsabilidades políticas de los consejeros y de usted”.

El líder popular, que leyó un párrafo del discurso de investidura de Griñán en el que hablaba de la transparencia política, dijo que sin comisión de investigación esta transparencia no existirá, y reclamó que deben dar explicaciones todos los consejeros de Empleo, y los directores generales.

“Se trata de un atropello a la legalidad. Y no lo dice el PP, lo dicen todos lo medios de comunicación”, advirtió Arenas, quien preguntó al presidente si no le “repugnaba” que no se haya entregado los informes de la Intervención que cuestionaban el procedimiento de ayudas, o que existan 70 “intrusos” en los ERE.

De la misma forma, preguntó si no le repugnaba la “intromisión” de comisionistas, que se concedieran el contrato a unas aseguradoras “sin concurso publico”, que el Gobierno andaluz no haya enviado todos los informes a la Justicia o que se den sin publicidad y control, entre otras cuestiones.

“¿A usted que le repugnan más las corruptelas que se han producido o que se denuncien las corruptelas que se han producido?”, preguntó Arenas.

La respuesta de Griñán fue recordar que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá a petición propia en comisión parlamentaria, y tras confiar en que “resplandezca la verdad”, reprochó que el PP “llega primero a la conclusión y luego busca las premisas” cuando debería ser al revés.

Según el jefe del Ejecutivo, la actitud del Gobierno es la contraria, ya que primero se investiga, luego lo denuncia, lo envía a los juzgados y se aparta del partido a los imputados, por lo que “aunque me pueda repugnar” la Junta “colabora” con la Justicia en un asunto donde “presentamos la denuncia inicial”. “Lo que no se puede hacer es que quieran un prejuicio, condenar previamente”, decía. 

Pons pide que dimita Chaves y el presidente andaluz

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dijo ayer que el vicepresidente Manuel Chaves y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, deberían dimitir si el Parlamento andaluz no acepta crear una comisión de investigación sobre el “escándalo” de los ERE, extremo que no ocurrió pues la mayoría absoluta socialista lo impidió.

González Pons aseguró que cada vez son más los elementos que apuntan a que “el escándalo de los ERE era una trama organizada, bien engrasada y vinculada al PSOE de Andalucía”, así como “amparada por Griñán y Chaves”.

Según dijo, si el PSOE acepta una comisión de investigación “se saldrá de dudas, mientras que si no la aceptan demostrarán que tienen algo que ocultar” y añadió que si Rodríguez Zapatero no cesa a Chaves se hará “corresponsable del escándalo”.

Asimismo, González Pons se refirió a las declaraciones de Francisco Javier Guerrero, quien afirma que “los consejeros (de Empleo) decidían las ayudas directas del fondo para empresas”, en referencia a José Antonio Viera y Antonio Fernández. Destacó que el ex director de Trabajo asegura que las ayudas eran decididas por el consejero, que junto al de Hacienda (Griñán), conocían los informes de la intervención del 2005 en los que se advertía de lo que ocurría con los “ERE “podridos.

La mayoría socialista impide crear una comisión de investigación

La mayoría del PSOE en la Cámara andaluza ha rechazado la petición del PP de crear una comisión parlamentaria de investigación, -que fue apoyada por IU-, sobre las ayudas públicas a los ERE de empresas en crisis, con el argumento de que no va a permitir “una causa general contra el socialismo”.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Antonio Sanz ha dicho que la creación de una comisión de investigación es “obligada” porque además de las responsabilidades penales, este es un asunto en el que se deben dirimir las “políticas” porque el propio Gobierno andaluz admite ya que se han producido irregularidades.

El diputado socialista Ángel Jesús Gallego ha indicado que la “finalidad última” de esta petición del PP no es otra que crear un “juicio paralelo”, y ha advertido de que lo que no va a permitir el PSOE es que se haga “una causa general contra el socialismo” y tampoco a los cientos de miles de personas y militantes a las que representa este partido.