La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha cerrado este pasado martes el plazo para la presentación de solicitudes al bono carestía con un total de 75.825 peticiones presentadas. Una vez concluida la recepción de solicitudes, se abre ahora la fase de validación y resolución correspondiente de esta ayuda, que consiste en un pago único de 200 euros para familias con menores en situación de vulnerabilidad.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión será de seis meses desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, un plazo que se amplió hasta el pasado 28 de mayo para facilitar un mayor acceso a las familias a esta ayuda, ha apuntado la Junta en una nota de prensa. Además, se habilitaron con diversas entidades colaboradoras servicios de apoyo en los trámites telemáticos. En concreto, se han registrado más de 8.900 asistencias y casi 2.000 actividades grupales para informar y asesorar a este respecto.
Los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), los Centros de Participación Activa (CPA), los Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y los Puntos Vuela, distribuidos en las ocho provincias, han estado al servicio del ciudadano en este sentido. El mayor número de solicitudes al bono carestía se contabilizó el mismo día que se abrió el plazo, el pasado 11 de abril, donde la página alcanzó las 5.990 peticiones presentadas. El segundo día de recepción el número de solicitudes alcanzó las 4.111 peticiones.
El bono carestía es una medida recogida en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CCOO-A, que contempla un presupuesto de 12 millones de euros y puede beneficiar hasta 60.000 familias andaluzas. Esta ayuda está dirigida a familias con menores a cargo afectadas por la sobrecarga que supone el incremento de precios generalizado de los productos y suministros y cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el valor del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual vigente, es decir, inferior a 21.600 euros.
Asimismo, "busca generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las unidades familiares con menores a cargo", ha subrayado la Consejería que dirige Loles López.
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