La Asociación Infancia Robada y dos grupos de víctimas de abusos sexuales han pedido al obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que rinda cuentas y presente su dimisión por haber permitido que un sacerdote denunciado por pederastia siguiera ejerciendo "y gozando de protección e impunidad".
En una carta conjunta titulada "Basta de silencio", la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Navarra (AVA) y la Asociación contra los Abusos en la Infancia Lulacris expresan su "rechazo, indignación y desconcierto" tras descubrir que el sacerdote de Tejina siguió ejerciendo después de ser denunciado por pederastia y pedofilia en 2004.
La credibilidad de la acusación contra este sacerdote quedó demostrada en el documento que la Conferencia Episcopal encargó al efecto, afirman las asociaciones, que indican que el hecho de que este sacerdote continuó ejerciendo como tal se puede comprobar al consultar los nombramientos autorizados por el obispo en el Boletín Oficial de la Diócesis Nivariense.
"Es más, por los testimonios de otras víctimas ha quedado acreditado que los abusos sexuales perpetrados por este sacerdote se han estado produciendo desde los años 70 y estos actos no solo han sido encubiertos, sino que el victimario ha seguido gozando de protección e impunidad después de que usted accediera al episcopado", prosiguen las tres asociaciones.
Inciden que del obispo se esperaba un comportamiento responsable y ético desde que se convirtió "en el líder espiritual de la Iglesia diocesana" en 2005 y su deber era garantizar la integridad y la seguridad de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables.
Por el contrario, el obispo permitió que ese sacerdote continuara ejerciendo el ministerio sacerdotal en el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna que gestionan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, durante los diez años siguientes, añaden.
Afirman también que el dolor que se ocasiona a las víctimas y las consecuencias psicológicas, emocionales y conductuales derivadas de dichas aberraciones son devastadoras y permanentes, como incuantificables resultan el terrorismo social al que son sometidos sus familiares y el daño que se inflige a la comunidad por parte de personas de la propia institución o muy cercanas a ella.
Por estas razones, entre otras, la Iglesia católica se encuentra "en una gravísima crisis moral y de credibilidad profunda", lamentan las asociaciones, para pedir al obispo que corrija su mala gestión y tome decisiones al respecto.
Entre ellas, la puesta en marcha de acciones valientes que demuestren su compromiso evidente con el bienestar de todas las víctimas, con su sanación y rehabilitación, así como con la restauración de su dignidad.
También reclaman la defensa y acompañamiento de los supervivientes, incluyendo la disponibilidad de servicios relacionados con la salud mental, la orientación jurídica y la indemnización económica que proceda por el daño sufrido.
Otra medida es la colaboración con los poderes públicos en los planes de reparación que se establezcan, que el clero y la comunidad eclesial reciban formación de manera obligatoria en la prevención de la violencia y abuso sexual y la garantía de que los recursos para denunciar funcionen y cumplan con los estándares fijados.
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