La norma, que se pretende aplicar a partir del próximo curso, incluye también por primera vez protocolos de intervención ante agresiones a los profesores, a los que se les refuerza su protección con atención psicológica y jurídica, resaltó en rueda de prensa el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.
Este protocolo, que se pone en marcha tras la colaboración entre la Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería, afectará a los docentes y también al personal de administración y servicios de los centros en caso de delitos o faltas cometidas por el alumnado o por personas de su entorno.
De esta forma, las denuncias por agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave se canalizarán a través de los juzgados de guardia o de Menores o de las Fuerzas de Seguridad, matizó el consejero tras resaltar que no hay ninguna comunidad con un protocolo de este tipo.
También a petición de la Fiscalía y de la Consejería de Igualdad se ha incluido que puedan ser identificados posibles casos de maltrato infantil producidos fuera del ámbito educativo, mientras que la inclusión de la violencia de género es una exigencia legal, matizó el consejero.
Además, prevé elaborar planes de convivencia en cada centro y crear aulas de convivencia para “reeducar” a alumnos sancionados, y también se estudiarán colaboraciones con ONG para que los expulsados tengan alternativas en ese tiempo y que no se limiten a quedarse en sus casas.
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