El escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla, remitido a los medios de comunicación y en la que se concreta que el proceso se enjuiciará por un jurado popular, se pide la pena de suspensión y la multa para los cuatro acusados: los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, y el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, cuya inocencia defendió hasta su salida del Gobierno andaluz el entonces titular de Empleo, Antonio Fernández, citado a declarar como testigo en este caso.
Según la Fiscalía, a lo largo de 2007 se preparó la apertura en la sede de Mercasevilla de una Escuela de Hostelería, para lo cual se celebraron con el grupo hostelero La Raza varias reuniones preparatorias en las que intervino Rivas como representante de la Consejería de Empleo de la Junta. El 1 de agosto de 2007, Mellet solicitó una ayuda al Servicio Andaluz de Empleo, que fue concedida por el procedimiento de subvención excepcional y ascendió a 900.000 euros.
A partir de ese momento, añade el fiscal, los acusados comunicaron al Grupo La Raza la concesión de dicha subvención y el 16 de enero de 2009 Ponce, entonces director adjunto de Mercasevilla, se reunió con el directivo de dicha empresa Pedro Sánchez Cuerda y le pidió 300.000 euros como “colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía”, junto a otros 150.000 euros por gastos derivados de la instalación eléctrica de la parcela donde se ubicaría el centro.
Fue en un segundo encuentro donde se grabó este intento de cobro de las subvenciones, cinta que fue trasladada a la Junta y ésta lo puso en conocimiento de la Fiscalía, aunque su actuación fue interrumpida por la denuncia del PP de Sevilla. A partir de ahí, la jueza Mercedes Alaya se hizo cargo de la investigación y abrió dos vías más de investigación, una por venta irregular de los terrenos de Mercasevilla y otra por irregularidades en los ERE de 2003 y 2007, con doce detenidos, que ha derivado en otra investigación sobre todos los expedientes cofinanciados por la Junta.
Guerra de acusaciones entre PSOE y PP
La vía judicial ha provocado también una auténtica guerra de acusaciones entre PSOE y PP tras destaparse que las vidas laborales incluidas en el ERE de Minas de Riotinto fueron “amañadas” para incluir al máximo número de trabajadores, lo que ha terminado salpicando a ambos partidos, el primero como gobernante de la Junta de Andalucía y el segundo, del Gobierno central en 2003, cuando fue aprobado, señalando directamente a Juan Ignacio Zoido, delegado del Gobierno entonces, y al ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.
Así, el PSOE insistía este miércoles en involucrar al PP a través de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, que repartió a los medios de comunicación una copia del acuerdo marco para la aplicación de medidas sociolaborales para la crisis de la faja pirítica de Huelva, fechado el 12 de septiembre de 2002, y fue firmado por Carmelo Sanmartín, subdelegado del Gobierno en Huelva (dependiente de Zoido), por Manuel Alfonso Jiménez, delegado provincial en Huelva de la Consejería de Empleo de la Junta y por los representantes de UGT y CCOO.
Para Jiménez, el documento implica a Juan Ignacio Zoido y al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana en la presuntas irregularidades de este expediente de regulación, puesto que validaron el convenio marco, cuando hay declaraciones en las que se decía que se abordarían las prejubilaciones “caso a caso, minero a minero”.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, replicó que es un “insulto a la inteligencia de los andaluces y de los 1,2 millones de parados” implicar al PP en estas irregularidades, ya que lo que hizo el Ministerio fue ratificar el acuerdo que le envió la Junta entre la empresa y los trabajadores y, por tanto, su procedimiento fue “impecable” frente a la “chapuza” del de la Junta.
“Quién se puede creer que el PP va a participar en las irregularidades de un ERE para meter a cargos del PSOE?”, se preguntó Oña, quien lo achacó a una actuación a la “desesperada” del PSOE y a los “últimos coletazos de un régimen” presuntamente corrupto, matizó.
Ante este panorama, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, anunció que no dudarán en solicitar una comisión de investigación en el Parlamento si las “acusaciones” durante la etapa del PP al frente del Gobierno central se abren paso y están “fundamentadas y razonadas”.
Pero el cruce de acusaciones ha ido a más. Mientras el ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, apuntaba que si el PP cree que hubo irregularidades en los ERE de Riotinto, deberían “conocerlas” como miembros del Gobierno y advertía al líder del PP-A, Javier Arenas, ex ministro en la época, de que si pretende querellarse contra altos cargos del PSOE “también debería autoquerellarse” él mismo, el propio Arenas consideraba que todo el mundo sabe que Chaves es “el rey de los abusos” y calificaba de “vergüenza ajena” las imputaciones contra miembros de su partido.
Griñán intenta calmar el ambiente y reclama dejar hacer a la justicia
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, intentó ayer suavizar el ambiente y pidió que se deje “trabajar a la justicia” con los ERE fraudulentos, rechazando la pretensión del PP de extender las sospechas “a todas las ayudas”, cuando “la inmensa mayoría” han ido a proteger a los desempleados.
Griñán se pronunciaba así al ser preguntado por el anuncio del PP de querellarse contra Manuel Chaves y Mar Moreno por trasladar al anterior Gobierno del PP la responsabilidad en las presuntas irregularidades de los ERE de Minas de Riotinto.
El presidente dijo que “todo el mundo tiene que asumir las responsabilidades que tenga que asumir”, pero incidió en la necesidad de dejar trabajar a la justicia.
Griñán contrapuso la actitud del PSOE, que “ante cualquier irregularidad acude a la justicia”, a la del PP, que dijo que ese expediente “era espeluznante y resulta que ahora comprobamos que en la determinación de las personas intervino directamente la Administración del Estado”.
“Probablemente no haya irregularidades. Probablemente en todos estos expedientes se han dado ayudas a personas que realmente lo necesitaban”, continuó Griñán.
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