La Ley por el derecho a la Vivienda cumplirá este domingo su primer aniversario y las críticas del sector no han cesado desde que entró en vigor denunciando inseguridad jurídica, incertidumbre, reducción de la oferta, tensión de precios o proliferación de alquileres temporales y turísticos.
La Ley de Vivienda, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, se desbloqueó a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales después de tres años de contactos.
El proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2022, por el Congreso en abril de 2023, por el Senado el 17 de mayo de ese año y entró en vigor el 26 de mayo.
Fuertemente criticada por el sector, comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, además del propio PP la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que esta misma semana (pronunciándose sobre el recurso de Andalucía) avaló la mayor parte de la ley, aunque anuló parte del articulado, entre ellos el de vivienda protegida.
La medida estrella era el control de los alquileres en zonas tensionadas basándose en un índice de precios de referencia, cuyo desarrollo se dejó para 2024.
De momento, sólo 140 municipios catalanes han sido declarados tensionados durante un periodo inicial de tres años, pues ninguna otra comunidad ha solicitado la declaración de zonas tensionadas.
Este mecanismo de control de precios se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas, aunque también es de aplicación a las viviendas que se introduzcan en el mercado y que no hayan sido alquiladas en los últimos 5 años.
Portales inmobiliarios, promotores, empresas de alquiler, agentes de la propiedad o propietarios de viviendas de alquiler, entre otros, han criticado una ley que tachan de ineficaz y de intervencionista.
El sector habla de una huida de los propietarios hacia alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones para sortear la Ley de Vivienda.
La ley también recogía beneficios fiscales para los propietarios que faciliten el acceso asequible al alquiler y que podrían llegar al 90 % de reducción en los rendimientos del alquiler, si bajan los precios en un 5 % en zonas de mercado residencial tensionadas.
Asimismo, se fijó un incremento máximo anual del 3 % del alquiler en los contratos vigentes durante 2024. A partir de 2025, se introducirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual, en sustitución del IPC.
En las zonas declaradas como tensionadas se introduce la posibilidad de prórroga extraordinaria tras la finalización del contrato por un máximo de tres años.
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