Además, la presidenta madrileña determina que la reelección de Miguel Blesa como presidente de esta entidad financiera dependa del Gobierno madrileño.
Tras conocer la emnienda, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunció que esta reforma “discriminará” a los madrileños mientras que CCOO acusó a Aguirre de poner en riesgo Caja Madrid y llevar a cabo una “perversión de la ley”.
Si se aprueban estas enmiendas presentadas por el Grupo Popular, la futura norma establecerá la posibilidad de que los consejeros generales, vocales y miembros de la Comisión de Control puedan prorrogar su mandato seis años más de los 12 permitidos, “sólo en el caso de que la representación por la que se reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior”.
Esta modificación afectaría directamente al actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que sólo podría ser elegido por el Consejo de Administración si antes es designado vocal por la Asamblea de Madrid, el sector que le eligió, y no por otro diferente.
La futura reforma también contempla cambios a la hora de atribuir funciones ejecutivas al presidente.
A partir del próximo año se contemplará la mayoría absoluta sustituyendo los dos tercios requeridos actualmente.
“Con esto conseguimos mayor flexibilidad y evitamos bloqueos a través de mayorías”, añadió David Pérez, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Estas enmiendas también limitan el poder al Alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al limitar al 30% el total de representantes de ayuntamientos que un solo municipio puede tener en el consejo (actualmente tiene el 70%), tal y como se fija en otras comunidades autónomas.
En este sentido, la enmienda popular propone que la elección de los consejeros generales del sector de las corporaciones municipales se haga en función del peso real de los grupos políticos de acuerdo con la voluntad popular.
De esta manera, con la que saldría perjudicado Izquierda Unida, se establece una “proporcionalidad democrática” y se elimina los cupos mínimos “que no existen en ninguna otra comunidad autónoma y que quiebran el principio de proporcionalidad más acorde con la realidad madrileña”, según el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez.
Del mismo modo, en estas enmiendas se da entrada a representantes de la sociedad civil.
Y es que además de organizaciones empresariales, sindicatos y universidades públicas se incluyen a universidades privadas y a la Cámara de Comercio de Madrid como entidades firmemente arraigadas en el tejido social autonómico.
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