Actualizado: 13:29 CET
Jueves, 08/08/2019

Andalucía

La Junta responsabiliza al PP de las irregularidades en Riotinto

Señala, con Chaves, directamente a Zoido y Zaplana y el PP anuncia acciones penales contra ellos. Y Arenas se querellará contra todos los de la trama

  • Moreno con Álvarez de la Chica
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, dio ayer una vuelta de turca a la supuesta trama de irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) cofinanciados por la Junta y exigió responsabilidades al PP por las “implicaciones directas” de algunos de sus dirigentes en el ERE de Minas de Riotinto, en el que supuestamente se falsearon vidas laborales, señalando directamente a Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno, y a Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo.

“El PP acumula más mentiras que irregularidades” sobre los ERE, decía la portavoz de la Junta al ser preguntada por qué no denunció que 31 “intrusos” fueron incluidos en el expediente de la base aérea de Morón de la Frontera, una actuación en la que, precisó, la Junta trasladó a la Inspección de Trabajo los datos porque “no tiene acceso a las vidas laborales”, por lo que el expediente fue “absolutamente impecable”.

Según Moreno, “no nos consta” que la Inspección haya denunciado este caso en el que “no hubo quebranto al erario público” y reiteró que la investigación de la Junta sólo se basa en cruzar los datos no informatizados de las pólizas con el listado de beneficiarios.


Así, criticaba la actitud del PP cuando se ha visto que en el caso de las irregularidades en el ERE de Minas de Riotinto, en el que se “falsearon o amañaron” las vidas laborales ha sido “el cazador cazado”. “Si Javier Arenas consideró espeluznante este caso, la responsabilidad absoluta era del Gobierno central”, decía para señalar directamente a Juan Ignacio Zoido, delegado del Gobierno entonces y actual candidato popular a la Alcadía de Sevilla, y a Eduardo Zaplana, entonces ministro de Trabajo, como los que validaron el ERE de Riotinto.

“Que asuman las responsabilidades que nos exigen a nosotros”, apuntaba Mar Moreno, que destacaba la “implicación directa” de ambos dirigentes del PP, partido cuyas “responsabilidades” debe aclararlas, puesto que fueron ambos quienes negociaron y validaron un expedientes que se financió a medias entre la Junta y el Gobierno central.

Además, reiteró que ha quedado “meridianamente acreditado” que no hubo un “fondo de reptiles” y criticó la “insistencia” del PP en implicar directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, algo que consideró “tan despreciable” como sería implicar a Javier Arenas en el ERE de Riotinto porque fue ministro de Trabajo.

Recordó que el Ministerio va a abrir una investigación sobre este expediente y aclaró que el PSOE no se plantea suprimir las comisiones de investigación en el Parlamento, aunque en este caso no se hará porque se está juzgando ya. “El PP no busca la información sino un proceso de difamación en un asunto que no se corresponde con la realidad de la investigación”, dijo.

Chaves también señala

A esta acusación se unía el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en la sesión de control al Gobierno del Senado, quien acusó al PP de tener “una doble vara de medir” cuando quien pudo tener conocimiento de si hubo o no fraude en el caso de Riotinto fue Juan Ignacio Zoido, quien apoyó la lista de prejubilaciones tras una reunión con UGT y CCOO, del que recordó que dependía del entonces ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, “una casualidad”.

En este sentido, señaló que la elección de las personas prejubiladas era competencia del ministerio de Trabajo, cuyo titular era Eduardo Zaplana, toda vez que las vidas laborales de los trabajadores están en la seguridad social.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, calificó de “ridículas” estas acusaciones y anunciaba que su partido emprenderá acciones legales. Según el popular, “no hay ningún andaluz” que se pueda creer que el PP metiera a “intrusos socialistas” en los ERE, y consideró estas acusaciones como un intento de crear “cortinas de humo”, fruto del “nerviosismo” del PSOE por verse involucrado en este “monumental escándalo”.

Sanz advirtió además de que el PSOE haría mejor “en ser transparente”, porque todavía quedan muchos socialistas “por desfilar en este escándalo y tendrán muchas explicaciones que dar”.

Por último, Sanz anunció que su partido “emprenderá acciones legales” contra la consejera de la Presidencia y el expresidente andaluz, Manuel Chaves, ya que no están dispuestos a aceptar que “se manche el nombre del PP ni los de sus dirigentes”.

Arenas anuncia una querella contra los integrantes de la trama de los ERE

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su partido va a presentar “en los próximos días” una querella contra los integrantes de la “trama” de ayudas de la Junta a los ERE de empresas en crisis, desde los “intrusos” a altos cargos pasando por los intermediarios.

En un acto en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Arenas se refirió al caso de las irregularidades en las ayudas a los ERE a empresas en crisis, algo que, en su opinión, son todo un ejemplo de “malas prácticas”. “En los próximos días presentaremos una querella contra todos aquellos que han podido aprovecharse de ese uso al margen de la legalidad administrativa: los intrusos, los altos cargos, los intermediarios, los comisionistas. Todos ellos unidos por un nexo común que son las siglas de un partido con una trama bajo el poder”, subrayó.

Arenas advirtió de que el problema es que las ayudas se han dado “sin controles, al margen de la legalidad administrativa y sin ninguna transparencia” por parte de la Junta, ya que “nadie” sabía que los fondos existían, no se publicaban en los boletines, ni tampoco “nadie sabía” el destino.

Tras recordar que se trata de fondos públicos, el líder popular dijo que el Gobierno andaluz tiene que contestar por qué no se hizo pública la existencia de dichos fondos, y se refirió al ERE “frustrado” de la base aérea de Morón, preguntándose “por qué no se dio cuenta inmediatamente” la Junta y se puso en manos de la Justicia.

Arenas alertó de que “alguien, de manera obsesiva” está intentando en los últimos días “desviar la atención” sobre este asunto que “no es más que la investigación de la trama de poder al amparo de los gobernantes andaluces”.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que si el PSOE ha pedido cárcel para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso de los trajes, “a lo mejor entonces” tendría que solicitar cadena perpetua para los cargos del PSOE-A implicados en los casos de Mercasevilla y de los EREs.

Certifican la autenticidad de la cinta del soborno

La Guardia Civil ha certificado un 97,5% de autenticidad de la grabación con la petición de comisiones en Mercasevilla, si bien su informe solo se refiere a la voz de los empresarios denunciantes ya que los dos principales imputados se negaron a someterse a la prueba.

La Policía Judicial de la Guardia Civil, en un informe al que ha tenido acceso Efe, dice que la cinta analizada es de tipo mono, con cuatro interlocutores y en ella “se aprecia continuidad a lo largo de toda la grabación sin detectarse cortes, paradas o inserciones de audio”.

No obstante, los peritos solo han podido certificar que dos de los interlocutores son los empresarios del Grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, ya que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce se negaron a someterse a una toma de voz cuando fueron citados en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en julio de 2010.

La grabación fue hecha el 27 de enero de 2009 por los empresarios del Grupo La Raza que han denunciado que los directivos de Mercasevilla imputados se reunieron con ellos y les pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que iba a instalarse en el mercado central, y que ya contaba con una subvención de la Junta de 900.000 euros.

La Guardia Civil concluye que se trata de una conversación en la que “no se han detectado inserciones o discontinuidades, siendo coherente con el tipo de grabación efectuada y acorde a la manifestación realizada por la persona que hizo la grabación”.

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