Sevilla

Fiscal rebaja petición de cárcel para el extesorero del Sector F de Almensilla y Perea

Para Julio Mateos pide tres años y seis meses menos un día de cárcel, y para Perea dos años y medio de presión, además de multas económicas

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  • A la izquierda de la imagen, Ismael Perea. -

La Fiscalía de Sevilla ha rebajado sus peticiones de cárcel para el extesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla Julio Mateos Palacios, el exedil socialista, ex director del consorcio público Fernando de los Ríos y expresidente de la junta de compensación Ismael Perea y el apoderado de Torrens Abogados Juan Carlos Navarro, por el presunto desfalco de unos 2,5 millones de euros en las cuentas de la entidad.

Así ha sucedido este lunes durante una nueva sesión del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra los citados tres acusados, por la sustracción de más de 2,5 millones de euros de los fondos de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, constituida por los parcelistas de dicho entorno, para promover las obras de urbanización de la zona y la dotación de suministros básicos de electricidad o agua.

En su escrito inicial de acusación, la Fiscalía solicitaba para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros por un delito continuado de apropiación indebida y para Ismael Perea, una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.

En cuanto a Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, reclamaba para él una pena de un año menos un día de prisión y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros por el mismo delito.

Reducción de la pteición de pena

En la fase de conclusiones finales de este juicio, la fiscal del caso ha introducido la atenuante de dilaciones indebidas, tras lo cual ha modificado sus peticiones de pena, reclamando para Julio Mateos tres años y seis meses menos un día de cárcel, así como una multa de 5.380 euros inferior a la inicial; para Perea dos años y medio de prisión y una multa de 4.180 euros y para Navarro nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros.

La fiscal ha descartado aplicar a Julio Mateos la atenuante de confesión tardía a cuenta de su reconocimiento de los hechos en el juicio, rememorando que tras revelar la "distracción" de los fondos de la junta de compensación mediante un correo electrónico, "desapareció" y huyó a la República Dominicana, motivando una orden internacional de detención en su contra; además de que una vez detenido, primero se acogió a su derecho constitucional a no declarar y después sólo lo hizo a su abogado defensor, con lo que no facilitó el esclarecimiento del asunto.

La fiscal ha recordado que el extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, principal encausado, reconoció directamente en el juicio los hechos que se le atribuyen; tras lo cual manifestó que lamenta lo sucedido y el hecho de haber "jodido" al Sector F y a los parcelistas que lo componen.

"Evidentemente, es culpa mía", enfatizaba Mateos, asegurando que le "gustaría poder hacer un retorno" del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha "perdido todo lo que tenía".

"Yo lo he perdido todo", aseguraba, señalando a los dos restantes acusados, Ismael Perea como otrora presidente de la entidad y el apoderado de la empresa Torrens Abogados Juan Carlos Navarro, para invitarles a que admitiesen también los hechos que se les achacan y compensen en lo que "puedan" el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas, que entonces aprovisionaba dinero para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y dotarla de suministros públicos como agua corriente, electricidad o gas.

El papel de Ismael Perea 

Si bien Ismael Perea defendió al comparecer como acusado que él "nunca" se ha "quedado con ninguna cantidad" de los fondos de la junta de compensación, la fiscal ha avisado de que "no se puede desconocer" el testimonio de Julio Mateos implicando en los hechos a este acusado y también a Juan Carlos Navarro.

La fiscal ha expuesto que "el grueso" de la "distracción" de fondos se produjo entre 2009 y 2012, precisamente cuando "estaban juntos" Mateos y Perea al frente de la junta de compensación, el primero como tesorero y el segundo como presidente.

Igualmente, ha destacado la "suma" de "indicios" que pesan contra Ismael Perea, destacando que con cargo a la junta de compensación "ha firmado cheques" en favor de Julio Mateos, quien "incorporó a su patrimonio" las cuantías cobradas en lugar de dedicarlas a "fines de la junta de compensación".

Del mismo modo, con relación a los cheques firmados en favor de Asema, una asesoría perteneciente a Julio Mateos, la fiscal ha asegurado que Perea "sabía que Asema no hacía ningún trabajo" para la junta de compensación que justificase tales pagos, con lo que "no es creíble" la versión exculpatoria de Perea, extremo que ha aplicado también a Navarro, señalando los pagos de Torrents Abogados a la asesoría de Julio Mateos y que "no está justificado" que el bufete cobrase más de un millón de euros de las cuentas de la junta de compensación.

La responsabilidad civil del Banco

La fiscal ha declarado la responsabilidad civil de Caixabank por su "ausencia de control" en los cheques cobrados, pues "se le exige un deber especial de vigilancia" en cuentas como la de la junta de compensación del Sector F.

El juzgado instructor del caso, en ese sentido, considera que Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la asesoría Asema, de la que era apoderado, "y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación".

En cuanto a Ismael Antonio Perea, señalaba la juez instructora del caso que "prevaliéndose de su cargo de presidente de la junta de compensación y al estar asimismo autorizado en las cuentas, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros"; atribuyéndole un presunto "enriquecimiento ilícito" de 156.766 euros "de común acuerdo con el tesorero de la entidad"; mientras Juan Carlos Navarro, apoderado de Torrens Abogados, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación, habría cooperado igualmente en los hechos, según la investigación; facturando supuestamente a la junta de compensación servicios que no responderían a realidad alguna.

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