El abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira ha pedido ahora al juez del caso Tsunami que posponga la declaración de su patrocinada prevista para este miércoles 22 de mayo por videconferencia desde Barcelona, alegando que le coincide con otra cita judicial por un procedimiento en el País Vasco.
El letrado Iñigo Iruin, conocido por ejercer como abogado de históricos miembros de ETA, hace esta petición en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, después de que el juez Manuel García Castellón le denegara a Rovira la semana pasada poder declarar por videoconferencia desde Suiza, país en el que reside desde que huyó en 2018, en mitad de la causa del 'procés'.
Para solicitar ahora el aplazamiento, Iruin aporta un certificado del Letrado de Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción nº1 de Donostia, de 17 de mayo de 2024, que acredita su designación como abogado en un procedimiento que cuenta con "señalamiento de prueba preconstituida para el día 22 de mayo de 2024".
El juez ya rechazó la semana pasada la petición de Rovira de declarar por videoconferencia desde Suiza en aras, según dijo el magistrado, de la agilidad del procedimiento, ya que programar una declaración telemática desde Suiza dilataría más los tiempos que hacerlo desde Barcelona.
García Castellón, que investiga por presunto terrorismo el caso Tsunami Democràtic, ha citado a los investigados a declarar por videoconferencia desde Barcelona con la incógnita de si comparecerán, al encontrarse varios fuera de España al igual que Marta Rovira.
Es el caso del dirigente de Ómnium Cultural, Oleguer Serra; del escritor y empresario gerundense Josep Campmajó, del periodista Jesús Rodríguez -todos en Suiza-, o del informático Jaume Cabaní, cuyo paradero se desconoce.
También están citados el exconseller de ERC Xavier Vendrell, que vive entre España y Colombia, el empresario Oriol Soler -editor y miembro del "estado mayor" que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017- y la militante de ERC y empresaria Marta Molina.
En un principio el magistrado llamó también a declarar a Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, pero su citación se suspendió por motivos de agenda de su abogado.
Actualmente, Marta Rovira tiene una orden nacional de detención en vigor a efectos de tomarla declaración por el delito de desobediencia por el que le investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa del 'procés' tras la derogación del delito de sedición.
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