El PP ha encontrado un filón de oro en el caso de las irregularidades de los ERE para atacar al Gobierno andaluz y a ello se ha dedicado de lleno a lo largo de toda la sesión plenaria, mientras los consejeros, con Griñán a la cabeza, y el PSOE intentaban demostrar las “mentiras” que han ido montando los populares alrededor del tema que, por otra parte, no serán objeto de una comisión de investigación en el Parlamento -que también reclama IU ya que es “legítimo” controlar a un Gobierno “descontrolado”- porque sería “una comisión de difamación con la cobertura de la inmunidad parlamentaria”, según le espetaba el presidente andaluz a Arenas.
Aunque las peticiones de responsabilidad política se han exigido por los dos partidos de la oposición, el PP se dedicó en primer lugar a Manuel Recio, actual titular de Empleo, con una batería de preguntas a las que el consejero volvía a responder con los mismos argumentos que había expuesto en el debate del día anterior, insistiendo en la legalidad del procedimiento y de los fondos, en la persecución de los que se han aprovechado de los ERE y la colaboración con la Justicia.
Pero los populares han llegado a más, concretamente al presidente de la Junta, cuando Javier Arenas le acusaba de haber firmado la transferencia de los fondos al IFA, como gastos de explotación, con el que después se abonaron los ERE “al margen de la legalidad administrativa” cuando el IFA no podía otorgar subvenciones. Directamente, Arenas le acusaba de “ordenar” la transferencia de esta financiación cuando era consejero de Economía y Hacienda, por lo que consideró que tenía “responsabilidad directa” en estas irregularidades.
Su departamento de prensa, con premura, repartía unos documentos para apoyar la teoría acusatoria de Arenas, aunque en verdad lo que probaba era que Griñán, como consejero de Economía, ordenó la publicación en el BOJA -como es preceptivo en la Ley- de esa partida que previamente había aprobado el Parlamento. Además, para demostrar que Griñán no transfirió nada, el propio viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, se encargaba de explicar que el trámite se conoce como un “insértese” y que no ordena ninguna transferencia porque es sólo la publicación oficial de un acuerdo del Parlamento.
Nunca hubo una diligencia
Griñán no le dio mucha importancia en ese momento al titular que había montado Arenas, le explicó -antes también se lo había dicho a Diego Valderas (IU)- que “nunca” se le elevó, cuando era consejero, un informe de “actuación especial” ni diligencias de la Intervención General y retó al popular a que si “cree que lo he hecho, preséntelo ante la jueza”.
La ofensiva de Arenas también se dirigió a cuestionar que se mantuviera al delegado de Empleo en Sevilla cinco meses cuando estaba imputado, que la Junta no se hubiera personado como perjudicada, le recordó el escándalo de los fondos de formación que le costó el puesto a Rafael Velasco y le cuestionó: “¿se cree que somos tontos y que el único responsable es un ex alto cargo de Empleo?”, en referencia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
“Asuma su responsabilidad”, le decía Arenas, por usar los fondos destinados al paro “para mercadear y negociar desde los entramados del poder” y le recordó que una comisión de investigación en el Parlamento es “compatible “ con la judicial. “No le tenga miedo a las conclusiones, si son suyas, no ven que tienen la mayoría”.
Valderas le había pedido también que accediera a esa comisión “porque está cercado por las irregularidades que van a hacer saltar las costuras del traje de su solvencia” y le avisaba que no iba a renunciar “a la legitimidad del Parlamento” de conocer el alcance real del caso: “cuando la corrupción anida con tanta familiaridad y meten la mano, o fallan los controles o hay complicidad”.
Griñán se defendió recordando que la mayoría de las acusaciones que ha hecho el PP se han demostrado que son “mentira”, como el intento de vincular con la trama de los ERE a José Antonio Viera, a Juan Espadas o a Ramón Díaz y recordaba que las anomalías se han producido “en la parte final” de los expedientes, es decir, cuando ya los ERE se han aprobado por parte de la Junta y de la autoridad laboral.
En cuando a la comisión de investigación, fue claro pero refiriéndose al PP: la quieren “para seguir mintiendo valiéndose de la inmunidad parlamentaria”. “Una comisión de difamación” decía Griñán, para mantener “esa estrategia de mentiras” y le espetaba a Arenas si tenía algún “recuerdo del honor”. “¿Cuándo decidió prescindir de la verdad? Si no valora el honor no será nunca presidente de la Comunidad”, terminaba el presidente andaluz su intervención.
UGT “no ha mandado a nadie a hacer nada irregular”
Mientras, el secretario general de la UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, afirmó ayer: “La UGT no ha mandado nunca a nadie a la negociación de ningún ERE a que haga nada irregular ni ilegal”.
De esta forma, Pastrana zanjó las sospechas de que ex sindicalistas de la UGT puedan estar vinculados a las presuntas irregularidades de los ERE, tras aparecer en la lista de falsos prejubilados Juan Lanzas, ex secretario general de la federación alimentario de UGT-A.
En declaraciones a los periodistas tras asistir a la asamblea de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Pastrana dejó claro que, si alguien ha actuado de forma irregular en nombre de la UGT, el sindicato procederá legalmente, lo expulsará y lo despedirá si tiene relación laboral con esta organización.
Pastrana y el dirigente regional de CCOO, Francisco Carbonero, coincidieron en criticar al Gobierno andaluz y a la oposición por “hacer un flaco favor a Andalucía”, y Carbonero les pidió que no “trasladen hacia fuera la imagen de que es una comunidad desastrosa”.
Por su parte, Santiago Herrera, presidente de la CEA, desvinculó a los empresarios de la trama y exigió que se aclaren y que se depuren las responsabilidades.
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