La Ley de Memoria Democrática -en vigor desde el viernes 21 de octubre de 2022-, le dio el relevo a la de 2007. Una de las novedades más inmediatas y popular por su eco publicitario, fue el cambio de denominación del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros y la exhumación de los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera y donde el Panteón de Hombres Ilustres situado en Madrid pasó a llamarse Panteón de España.
Ahora que está muy de moda que los gobiernos del PP y Vox estén derogando las leyes de Memoria (derivadas de la estatal) de las Comunidades Autónomas donde gobiernan proponiéndose otras leyes llamadas de la "Concordia", es muy necesario conocer que significa esta ley para todos los españoles. Sí, para todos.
Obliga al Estado a poner todos sus medios en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y abre la puerta al estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. A nivel normativo, es una ley justa y necesaria para la conciliación de todas las víctimas porque anula las condenas de juicios sumarísimos e injustos y sin garantías procesales del régimen franquista, restituyendo el honor de los represaliados, muchos de ellos fusilados o fusiladas sin derechos a nada.
Se elabora un mapa de localización de las víctimas que se encuentran en fosas comunes de cementerios, caminos, cunetas, etc., para darles una sepultura digna, previa identificación mediante sus ADNs y poder ser entregadas a sus familiares. Define el concepto de víctima a toda “aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.
Fija como fechas de homenaje a todas las víctimas el 31 de octubre (golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura) y el 8 de mayo (día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de estos acontecimientos). Se crea, además, la figura del Fiscal de Sala, el cual tiene como misión investigar las violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura.
Los símbolos que sean contrarios a la Memoria Democrática, como escudos, insignias, placas y otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública que ensalcen la sublevación militar y la dictadura, deberán ser retirados a través del Centro de la Memoria Democrática. Aquí juegan un papel importante los Ayuntamientos y sus colores políticos.
A los historiadores e investigadores se les abre las puertas al acceso libre, gratuito y universal a todos los archivos públicos y/o privados de los hechos ocurridos entre 1936 y 1978, incorporándose además los archivos que estén en poder de entidades privadas, el de Salamanca o cualquiera que esté en poder de un organismo público.
Los títulos nobiliarios que se concedieron durante la guerra y la dictadura -33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos los de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola-, serán anulados y retiradas sus prebendas. Y quizás, de lo más importante de esta norma conciliadora -aunque esto dependerá del Gobierno que esté en Madrid-; se revisaran y actualizarán los contenidos educativos y curriculares del sistema educativo para la ESO, FP y Bachillerato para reflejar "la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura".
Y para los que cada día se dedican a falsear la ley, también se contempla un estudio de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 a 1983 de personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" con "posibles vías de reconocimiento y reparación". A tales fines, se publicitará la Ley para dar a conocer a los ciudadanos mediante programas específicos de divulgación, los relatos de las víctimas y, específicamente, la memoria de las mujeres represaliadas que fueron muchas.
Se permitirá el acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil Española, entre 1936 a 1939 y hasta la posguerra, 1945. Muchos españoles se vieron forzados a abandonar su tierra natal y desplazarse a otros países, por motivos políticos e ideológicos, o por temor a las represalias por parte del bando vencedor y del régimen político autoritario y perdieron su nacionalidad, ellos, ellas y sus descendientes hasta los bisnietos podrán acogerse a esta gracia de justicia histórica
A titulo final, mencionar que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha, tienen leyes de memoria propias, si bien PP y Vox han registrado conjuntamente sus proposiciones de ley de “concordia” en contra de la de memoria democrática (que derogaran) en Aragón, en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana. Con ello la derecha y la extrema derecha suprimen la palabra ‘dictadura’ , eliminan el mapa de fosas comunes de dichas comunidades; y suprimen las subvenciones a asociaciones que llevan a cabo tareas en favor de la memoria democrática. Todo un compendio de franquismo puro y duro. Lo bueno de esto es que por fin políticos del del PP y Vox se quitan las caretas y aparecen los lobos que hay debajo.
Como medida de contención, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes de Memoria que pasen a denominarse leyes de la Concordia. Y yo pregunto: ¿de que concordia hablan?, ¿y los fusilados donde están?, ¿se abrirán las fosas para restituir la memoria de los fusilados/as?, ¿se les dará digna sepultura? , ¿que es eso de la Concordia?, ¿Concordia de qué? Que lo expliquen, pero que lo hagan bien, con datos fehacientes. Que no somos tontos..
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