Pompeyo González, el jubilado de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), será juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional.
Se enfrenta a 22 años de cárcel. La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de terrorismo (10 años) y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años).
Le reclama además una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar una de las cartas enviadas.
El lunes, primer día de juicio, está prevista la declaración del acusado, así como de testigos y peritos de la Guardia Civil y Policía Nacional.
Al día siguiente será el turno de personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, de la Embajada de Ucrania, de Instalaza, de la Base de Torrejón, del Ministerio de Defensa y de Correos, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
La tercera jornada la Sala espera poder practicar la prueba documental y pasar al turno de conclusiones e informes definitivos de las partes.
El detenido buscaba la conmoción de la sociedad por el apoyo de España a Ucrania.
"Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española", elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.
Considera que la cantidad de explosivo empleada "y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados".
El pasado 14 de abril, el juez del caso, José Luis Calama, dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert ("sobre" en ucraniano).
Para garantizar su presencia en el juicio, le impuso comparecencias semanales en el juzgado más próximo, la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.
Los seis envíos de cartas con explosivos
Entre el 18 y 21 de noviembre de 2022, según la fiscal, envió desde la ciudad de Burgos el sobre dirigido al presidente del Gobierno, que fue recibido el 24 de noviembre en el complejo del Palacio de la Moncloa, donde se comprobó que podía contener algún tipo de artefacto.
El artefacto explosivo dirigido al embajador de Ucrania en España llegó a la embajada en Madrid el 30 de noviembre, y al levantar sospechas el vigilante de seguridad "sacó la caja al patio".
"Al levantarla un poco vio una pieza de metal de forma rectangular con agujeros laterales, sujetándola por lo que le pareció el activador de un artefacto" y, "ante el temor de que así fuera, la lanzó hacia el suelo, momento en el que explotó, causándole una herida abierta en mano derecha".
El sobre dirigido al director de la empresa Instalaza, dedicada a la fabricación de material militar como el lanzacohetes C90 utilizado por el Ejército ucraniano, también fue recibida el 30 de noviembre.
El dirigido al director del Centro de Satélites (SATCEN) de la base aérea de Torrejón de Ardoz fue interceptado también el 30 de noviembre en la oficina de Correos de esa localidad madrileña.
El 1 de diciembre llegó al Ministerio de Defensa el sobre dirigido a su titular, Margarita Robles.
Al pasar el paquete por el escáner "se confirmó que contenía clavos, bolas de acero, un circuito electrónico y material orgánico, por lo que se activó el protocolo de emergencia", y en una zona aislada se procedió a su detonación controlada.
Ese mismo día llegó el sexto envío, esta vez dirigido al embajador de Estados Unidos en España, y fue detectado en el escáner de seguridad.
"Ello dio lugar a aplicar el protocolo de actuación, realizando cortes de circulación y de personas, estableciendo dos cinturones policiales de seguridad en las calles colindantes, desalojando los establecimientos públicos e impidiendo la entrada y salida de los inmuebles de la zona, hasta que se llevó a cabo la desactivación del artefacto".
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