El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a grandes operadores de comercio electrónico por posibles rebajas engañosas durante el Black Friday, cuando se incentivan las compras con significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes.
La Dirección General de Consumo ha acordado iniciar estos expedientes sancionadores por presuntas prácticas desleales de engaño en la venta online hacia los consumidores para incentivar las compras.
Y lo ha hecho, según informa el Ministerio, después de constatar que varias empresas del sector habrían subido los precios de sus productos antes del Black Friday para luego rebajarlos a su precio original.
Según el artículo 20 de la ley del comercio minorista, siempre que se oferten artículos con reducción de precio deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder compararlos correctamente.
La ley también establece que el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes.
Consumo ha puesto un ejemplo de una de las situaciones que se dio en noviembre del año pasado, entre el 15 y el 20, un operador, cuya identidad no ha facilitado, ofertó un televisor por 526,99 euros, y un día después, el 21 lo subió a 629,99, pero entre el 22 y el 28, coincidiendo con el Viernes Negro, lo volvió a bajar el precio del televisor de nuevo a los 526,99.
Es decir, los consumidores que no comprobaron los precios anteriores pensaron entonces que podían adquirir un producto con una rebaja de 103 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos.
Estas prácticas comerciales pueden considerarse desleales con las personas consumidoras y podrían suponer una infracción grave de la ley en defensa del consumidores que podría acarrear multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica.
Los operadores investigados comercializan con una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies.
La investigación comenzó el pasado mes de octubre cuando técnicos de Consumo comenzaron a monitorizar diariamente un total de 1.140 productos, mediante la herramienta 'Price Reduction Tool' de la Comisión Europea.
La investigación está abierta y ahora se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los expedientes.
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