La Iglesia ha pedido a los católicos propietarios de viviendas que faciliten el acceso al alquiler a las personas migrantes y ha recordado a los ayuntamientos la obligación legal de inscribir a los vecinos que viven en los domicilios.
Son algunas de las conclusiones de las XLIII Jornadas de delegados y agentes de pastoral con personas Migradas, celebradas del 26 al 28 de abril en Madrid, con el lema 'Construyendo comunidades acogedoras, integradoras y misioneras' que ha publicado este viernes la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En el escrito, firmado por el director del Departamento de Migraciones, Xabier Gómez, los más de 100 personas de 44 diócesis que han participado en la jornada denuncian la dificultad de acceso de los migrantes al empadronamiento y sus graves consecuencias, como la falta de acceso a la enseñanza, a la sanidad y a los recursos sociales en situaciones de vulnerabilidad, así como la imposibilidad de regularizar su situación administrativa.
Tras recordar el derecho al trabajo digno y el acceso a la vivienda, instan a la sociedad civil y a los católicos propietarios de vivienda de alquiler "a romper con estereotipos racistas que discriminan a las personas migradas para facilitar el acceso al alquiler de vivienda digna y el empadronamiento".
Además, piden que se evite el subarrendamiento ilegal o cualquier otra práctica de explotación.
Otro de los retos que exponen es que los ayuntamientos inscriban a los vecinos que realmente viven en el domicilio y en los casos en los que existe dificultad para acreditar el título que legitime la ocupación de la vivienda, que se compruebe por otros medios (informe de policía local, servicios sociales, etc.) para incluirlos en el Padrón.
La Iglesia lamenta el retraso en la obtención de citas para solicitar y renovar asilo y advierte de que "contribuye a las mafias de compraventa de citas y dejan a las personas totalmente desprotegidas y desamparadas, sin poder acceder al sistema de acogida ni a otros recursos, abocando a una situación de calle cada vez más preocupante".
"Recordamos a empresarios, empleadores, trabajadores, arrendatarios y arrendados nativos o de origen extranjero, especialmente a quienes profesan la fe católica, que los criterios morales de la Iglesia custodios de la dignidad toda vida humana y el bien común, no permiten prácticas de explotación y lucro a costa de la vulnerabilidad o de la situación administrativa de las personas", asevera el documento.
También incide en que no se pueden "normalizar abusos" en los contratos a trabajadoras del hogar para resolver la necesidad de los cuidados dentro de las familias.
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