Cataluña acude a las urnas este 12 de mayo en puertas de la amnistía, una ley que podría entrar en vigor en semanas, con las negociaciones para la investidura catalana en marcha y en plena campaña de las europeas, y abrir la puerta al regreso entre otros del candidato de Junts, el expresident Carles Puigdemont.
Los trámites para sacar adelante la ley, anclados ahora en el Senado por la mayoría absoluta que ostenta el PP, sobrevuelan una campaña en la que la amnistía sirve de munición electoral para la derecha, que la esgrime como prueba de la "rendición" de Pedro Sánchez al independentismo, y para ERC y Junts, en su competencia por ser el partido que más ha arrancado cosas al PSOE en la negociación.
La amnistía, que según el calendario previsto vería la luz a finales de este mes o principios del próximo, abre un nuevo ciclo en Cataluña siete años después del 1-O y de la huida de Puigdemont, al borrar los delitos cometidos entre los años 2011 y 2023 a centenares de encausados por el procés, desde los líderes independentistas que convocaron el referéndum a los técnicos que lo organizaron o los manifestantes implicados en los disturbios postsentencia.
Incertidumbre sobre el calendario
Pese a las incógnitas que aún suscita la aplicación de la ley, principalmente si los jueces deciden elevar las dudas sobre su encaje legal a la justicia europea, los partidos independentistas esperan que antes del verano los tribunales empiecen a dar carpetazo a las primeras causas vinculadas con el procés.
Una vez la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces deberán aplicarla de forma "urgente" en un plazo máximo de dos meses, aunque es más que probable que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tienen en sus manos las causas contra los líderes del procés, plateen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De esa forma, la amnistía quedaría suspendida en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal, lo que no impide que otros jueces que llevan causas de menor enjundia la apliquen de forma inmediata, no necesariamente en beneficio del independentismo: uno de los primeros procesos que podría zanjarse con la ley es el de los policías imputados por las cargas para impedir el 1-O.
El regreso de Puigdemont, pendiente de la amnistía
La ley prevé el borrado de los delitos cometidos durante más de una década de proceso independentista en Cataluña, lo que incluye a decenas de políticos o cargos del Govern envueltos en procesos penales por organizar el 1-O o por sus gestiones a favor del procés, muchos de ellos expuestos también a reclamaciones millonarias en el Tribunal de Cuentas.
Uno de los principales beneficiarios sería Puigdemont, a quien la amnistía puede facilitar el regreso a España sin órdenes de detención vigentes -la ley obliga a dejarlas sin efecto de forma inmediata-, aunque sin plenas garantías de ser exculpado en el caso de que los tribunales cuestionen la ley ante la justicia europea y, de esa forma, paralicen su aplicación.
El expresidente catalán tiene dos causas en el Supremo: la del procés, en la que se le persigue por un delito de malversación agravada castigado con hasta 12 años de cárcel, y otra por terrorismo que se le abrió hace apenas unos meses por su papel en la plataforma anónima Tsunami Democràtic que organizó las masivas protestas contra la sentencia del procés.
También está en el punto de mira en la causa sobre las supuestas conexiones con Rusia en busca de apoyos para el procés, enmarcada en el llamado "caso Volhov" que instruye un juez de Barcelona, una investigación que apunta al delito de alta traición.
De hecho, los movimientos de los jueces que dirigen esas dos últimas causas marcaron la fase final de las negociaciones del PSOE con sus socios independentistas para sacar adelante la ley de amnistía y, el pasado mes de enero, propiciaron el voto contrario de Junts al texto pactado en la comisión de Justicia del Congreso.
Tras semanas de negociaciones, finalmente el pasado mes de marzo Junts acordó con el PSOE el redactado definitivo, que incluye en la amnistía los delitos de terrorismo -excepto los contrarios a la directiva europea y al convenio europeo de derechos humanos- y el de alta traición, siempre que no suponga una amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial de España.
Munición electoral
El protagonismo de Junts en la última etapa de la negociación permite a Puigdemont sacar pecho ante su electorado por haber forzado una ley que, asegura, blinda a todos los encausados por el procés sin excepciones, frente a una ERC que cree que vende a bajo precio su apoyo a Pedro Sánchez
Desde el otro lado del espectro político, la amnistía es punta de lanza electoral para PP, Cs y Vox en sus ataques al candidato del PSC, Salvador Illa, el mejor posicionado en las encuestas y quien, hasta el momento, prefiere centrar su discurso en la gestión al frente de la Generalitat que hacer alarde de una ley que puede suscitar recelos entre su electorado.
Además de Carles Puigdemont, la ley de amnistía despejará cuando entre en vigor el camino para que otros líderes del procés puedan ser candidatos en próximas lizas electorales, entre ellos quien fuera su vicepresidente y ahora uno de sus principales rivales políticos, Oriol Junqueras (ERC), inhabilitado hasta 2031 por malversación y desobediencia, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, hasta 2030.
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