Equipo Económico avisa de que la condonación de deuda se sitúa lejos de criterios de interés general, al tiempo que fomenta el riesgo moral
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
España es el país de la Unión Europea con un mayor nivel de deuda regional en términos del PIB de entre aquellos en los que las regiones cuentan con mayores competencias, por delante de Bélgica, Alemania y Austria.
Así se desprende del último informe de Equipo Económico que lleva por título 'Déficit y deuda de las Comunidades Autónomas: elevadas disparidades', en el que se analiza la situación económico-financiera de las autonomías españolas.
Según los últimos datos disponibles de Eurostat correspondientes al tercer trimestre de 2023, el informe advierte de que España presentaba una deuda regional del 22,3% del PIB, superior a la de Bélgica (17,9%), Alemania (15,3%) y Austria (5,3%).
El análisis del endeudamiento autonómico resulta especialmente relevante, ya que la deuda del conjunto de las comunidades autónomas ha crecido desde el 6,1% del PIB en el año 2000, hasta suponer el 22,2% del PIB en 2023.
Si bien se situó por debajo de la registrada en términos del PIB un año antes, el descenso de la ratio se debió gracias al aumento del PIB nominal y su impacto en el denominador, puesto que en el numerador la deuda en términos nominales aumentó el 2,6%, hasta los 325.234 millones de euros, según se apunta en el estudio.
Existen fuertes divergencias en términos de deuda entre las distintas comunidades: Cataluña es la comunidad con unos mayores niveles de deuda en términos absolutos en 2023, con cerca de 86.000 millones de euros y representando por sí sola el 26,4% de la deuda autonómica española. A esta región le siguen la Comunidad Valenciana (casi 58.000 millones y el 17,8% del total), Andalucía (más de 38.500 millones; 11,9%) y la Comunidad de Madrid (casi 36.000 millones; 11%).
No obstante, los mayores niveles de endeudamiento en términos del PIB regional se registraron en 2023 en la Comunidad Valenciana (42,2%), Castilla-La Mancha (31,9%), la Región de Murcia (31,2%) y Cataluña (31%).
Asimismo, el informe señala que algunas autonomías siguen haciendo un uso muy intenso de la financiación facilitada por el Fondo de Financiación, a pesar de tratarse de un mecanismo diseñado en 2012 con carácter extraordinario. De manera que a cierre 2023, en el 60,9% de su posición deudora tenían al Estado como acreedor, según datos del Banco de España. Mientras, varias autonomías llevan años sin salir a financiarse a los mercados.
Como resultado, existen importantes diferencias en cuanto a la composición de la deuda de las distintas regiones españolas, de manera que el relevante papel del Estado como acreedor se pone claramente de manifiesto en la Región de Murcia (el 92,9% de su deuda lo es con el Estado), Cantabria (92,8%), la Comunidad Valenciana (86,4%) y Cataluña (86,2%).
En el lado opuesto, las dos regiones forales (Navarra y País Vasco) y la Comunidad de Madrid no están actualmente endeudadas con el Estado a través de estos mecanismos. Los niveles de deuda con el Estado son relativamente reducidos (inferiores al 25%) en los casos de Castilla y León, Asturias, Canarias y Galicia. Ninguna de estas siete regiones recibió transferencias del Estado a través de estos mecanismos en 2023.
Por su parte, las comunidades con un mayor porcentaje de deuda en valores representativos son el País Vasco (67,2%) y la Comunidad de Madrid (59%), que además han continuado saliendo a financiarse a los mercados este mismo año.
Con todo, desde Equipo Económico se alerta sobre el incumplimientos en términos generales de las comunidades en cuanto a los objetivos de déficit, sus elevados niveles de endeudamiento y su alta dependencia del Estado para su financiación.
Por ello, los expertos insisten en que resulta así especialmente relevante que las comunidades se "corresponsabilicen" en el necesario proceso de consolidación fiscal de las Administraciones Públicas españolas.
De hecho, en el informe se recuerda que la consolidación fiscal para el conjunto de las administraciones españolas vendrá exigida por la UE en el contexto de la reforma de las reglas fiscales europeas, que se prevé tenga efecto de cara a la planificación presupuestaria de 2025.
También por la recuperación de la vigencia de las reglas fiscales españolas. Según los objetivos presupuestarios vigentes, el subsector de las comunidades deberá alcanzar la estabilidad presupuestaria ya durante este año 2024 y un superávit del 0,1% del PIB en 2025 y 2026.
Por último, desde Equipo Económico señalan que las medidas que se vienen anunciando en la presente legislatura, relacionadas con la condonación de parte de la deuda autonómica, se sitúan lejos de la aplicación de criterios económicos basados en el interés general, al mismo tiempo que fomentan el riesgo moral.
Bien al contrario, los expertos advierten de que la situación tan dispar entre las comunidades autónomas en términos de déficit y de deuda, y del papel acreedor del Estado, solo se podrá abordar con éxito a través de un enfoque integral basado en el principio de la corresponsabilidad fiscal y en la contención del gasto, en el marco también de una reforma del sistema de financiación autonómica.