La Fiscalía Europea ha requisado nuevos expedientes sobre compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante los primeros meses de la pandemia de covid, añadidos a los dos asuntos que ya tenía bajo instrucción (el 'caso Mascarillas' y el 'caso Koldo').
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha confirmado este jueves que, como ha adelantado La Provincia, agentes de la Guardia Civil en funciones de la Policía Judicial se han presentado esta semana en su departamento por orden de la Fiscalía Europea para requerir más documentos, informes y datos relativos a esa etapa de 2020-2021.
Monzón ha precisado que no puede ofrecer detalles, porque existe secreto de sumario, pero sí ha corroborado que los agentes se han llevado expedientes adicionales a los que la Fiscalía ya tenía y han pedido información al detalle sobre qué personas intervinieron en las distintas fases de tramitación de cada uno de ellos.
Según La Provincia, la investigación puede afectar, en este momento, a una quincena de empleados públicos.
Aunque las diligencias son secretas, el hecho de que hayan sido ordenadas por la Fiscalía Europea ya apunta a una posible malversación o mal uso de fondos comunitarios, puesto que ese es el único ámbito en el que tiene competencias y jurisdicción.
La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palma de Gran Canaria recibieron ya hace tiempo una denuncia inicial que cuestionaba la licitud de 24 adjudicaciones de suministro de material sanitario a los hospitales de Canarias durante la pandemia por parte de 17 empresas.
De ella se han derivado tres casos que ya están judicializados. Uno es el primer 'caso Mascarillas' de Canarias, una presunta estafa de 4 millones de euros a la sanidad pública autonómica que le costó el cargo al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, imputado en ella; y el otro abarca los suministros encargados a la empresa Soluciones de Gestión, la firma vinculada al 'caso Koldo'.
La Fiscalía Europea reclamó instruir ambos porque todas esas compras se pagaron, en parte, con fondos de la UE.
Y existe un tercer procedimiento que implica al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y al exdiputado de CC Lucas Bravo de Laguna, entre otras personas, que se tramita en un juzgado de Las Palmas y gira en torno a posibles delitos fiscales relativos a la tributación de las comisiones que cobraron varios intermediarios de operaciones de suministro de mascarillas.
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