Los portavoces de estos grupos conservacionistas se felicitaron de que, tras décadas de lucha, el pasado 1 de enero esta empresa haya puesto punto final a cuarenta años de vertidos pero advirtieron de que aún queda mucho trabajo por delante para lograr la regeneración de esta zona que, subrayaron, es de dominio público.
Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace España, recordó que estas balsas constituyen "el mayor caso de contaminación industrial" de España, pues acumulan 120 millones de toneladas de este residuo industrial en unas 1.200 hectáreas de marismas, a escasos metros de la capital onubense.
Abogó por que Fertiberia, empresa que "se ha lucrado" durante décadas de unos vertidos que consideró ilegales asuma el coste de la "regeneración total" de esta zona que generaría muchos "empleos verdes" que paliarían la elevada tasa de paro de Huelva.
Francisco García Ferrera, representante de Ecologistas en Huelva, subrayó que los fosfoyesos, que se generan al fabricar fertilizantes, han sido catalogados por las instituciones comunitarias como residuos "peligrosos y ligeramente radiactivos" y advirtió de que la operación "cosmética" en cubrirlos de tierra supone que "esta infamia a la ciudad de Huelva" sea heredada durante siglos por las generaciones futuras.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, subrayó que el cese de estos vertidos supone "una primera victoria" tras la "lucha titánica" protagonizada por grupos conservacionistas y colectivos de Huelva durante más de una década, pero es insuficiente para la resolución de este "grave" problema medioambiental.
Del Olmo denunció las trabas que Fertiberia ha desarrollado desde 2003 para incumplir la resolución "ejecutiva" del Ministerio de Medio Ambiente que le obligaba a cesar en estos vertidos y denunció la pasividad de la Junta de Andalucía con respecto a este contencioso, denunciado en más de veinte ocasiones por WWF ante cuatro ministros de Medio Ambiente diferentes.
También alertó de que Fertiberia "no ha puesto ni un euro" de la garantía de 21,9 millones de euros que se le ha exigido para avalar la restauración de la zona y calificó esta cantidad de "ridícula", ya que la descontaminación de Flix, en el Ebro, se ha presupuestado en 162 millones de euros "y es cientos de veces menos que la de Huelva".
Los tres representantes ecologistas alertaron de que las actuaciones aprobadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía en las balsas de fosfoyesos suponen una mera "solución cosmética" pues sólo abordan depurar las aguas contaminadas con estos residuos y taparlos con tierra y una posterior cubierta vegetal.
García Ferrera abogó por que "esta lamentable y desoladora experiencia de Huelva sirva para acabar con la industria mundial de los fosfatos" pues genera, en su opinión, algunos de los mayores episodios de contaminación industrial del planeta.
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