Ambrosio sale así al paso de las “reiteradas críticas sin fundamento efectuadas” por estos trabajadores hacia su persona y recordó que la Junta los ha escuchado de forma respetuosa y sigue manteniendo su disposición al diálogo a través de las mesas de negociación y los cauces parlamentarios establecidos.
La delegada del Gobierno indica en un comunicado que respeta el derecho de los funcionarios que protestan contra el decreto de reordenación del sector público, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad, y les pide que cumplan con sus obligaciones de horario y desempeño de tareas.
Ambrosio afirma que las autoridades de la Junta no han realizado ningún tipo de coacción contra ningún trabajador y no han abierto ningún expediente por este motivo.
Respecto a las amenazas telefónicas que algunos funcionarios afirman haber recibido, la delegada niega tajantemente que provengan de la Junta y sugiere a quienes reciban estas llamadas que formulen una denuncia ante la autoridad competente para que se investiguen.
Mientras, continuaban las negociaciones de las enmiendas a la futura ley de reordenación del sector público andaluz, que recogerá como uno de sus principios fundamentales la “participación efectiva” de los ciudadanos, lo que supondrá la presencia de organizaciones de consumidores y vecinos en el “control y gestión” de las agencias públicas andaluzas.
El planteamiento de la futura ley será garantizar como principio inspirador la participación de los colectivos sociales en el sector publico, un idea que se traducirá en la presencia de estos colectivos en las agencias públicas, en las podrán hacer aportaciones y ejercer el “control” de la gestión.
“Se trata de una novedad, de un planteamiento revolucionario en la Administración pública” y una de las enmiendas que el grupo del PSOE-A registrará hoy a la reforma del sector público a petición de organizaciones como Facua, UCA-UCE, Al Andalus y CAVA (Confederación de Vecinos de Andalucía).
El portavoz parlamentario socialista Mario Jiménez explicó que se trata de hacer posible la participación directa de los usuarios y ciudadanos, los contribuyentes que “hacen posible los recursos para los servicios públicos”, puntualizó.
“Supone la presencia de las organizaciones y agentes sociales en la gestión del sector público que significará que la voz y el control de los ciudadanos estará en el funcionamiento de los órganos que conforman este sector”, aseguró el portavoz parlamentario.
La representación se hará efectiva a través de los órganos de cada agencia pública y su concreción estará incluida en los estatutos de las mismas, aunque la orientación general -según Jiménez- será buscar la defensa del interés general de los ciudadanos en la prestación de los servicios.
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