El PSOE y el PP quieren que las coaliciones como Sumar tengan que presentar sus contabilidades anuales ante el Tribunal de Cuentas, igual que hacen los partidos políticos individualmente, y así lo han planteado en sendas propuestas de resolución registradas en las Cortes.

Los dos partidos mayoritarios van a defender esta posición la próxima semana en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, según consta en las propuestas de resolución que ya han registrado al hilo de las fiscalizaciones relativas a la contabilidad de los partidos en 2017.

En sus iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, socialistas y 'populares' reclaman que tengan que inscribirse en el registro de partidos las coaliciones que, una vez constituidas las cámaras, construyan una entidad autónoma y diferente de las formaciones que las integran y que tengan que remitir sus cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al fiscalizador.

El PSOE añade que, en caso contrario, deben ser los partidos que integran la coalición los que remitan sus cuentas anuales consolidadas al fiscalizador.

De su lado, el PP insiste en la necesidad de que el Gobierno impulse en el plazo de un año la regulación de los microcréditos que se conceden a los partidos. A su juicio, debería establecerse una cuantía máxima por prestamista que no exceda el tope previsto para las donaciones o aportaciones privadad, así como el tipo de interés a aplicar, las condiciones y los plazos de devolución y que sean ingresados en cuentas bancarias específicas.

Además, el primer partido de la oposición quiere que se prohíba financiar a los partidos a través de microcréditos a las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica y que, si se renuncia a su devolución, se haga constar por escrito y la cantidad en cuestión se equipare a una donación.

El PP también propone que en un año se regule cómo deben identificarse quienes hagan donaciones y microcréditos online, estableciendo exigencias que permitan llevar a cabo una verificación clara de la misma, por ejemplo, mediante mecanismos como el certificado electrónico. También quiere obligar a estos aportantes a declarar que no se hallan inmersos en las prohibiciones para hacer estas donaciones.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo demandan que quienes realicen donaciones superiores a los 25.000 euros tengan que enviar una declaración jurada al Tribunal de Cuentas certificando que no se parte de un contrato vigente con el sector público

Otra de las propuestas en las que coinciden los dos grandes partidos es que se defina "claramente" en la ley qué debe entenderse como aportación y donación, para "evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas" y cuáles no.

Además, el PSOE reclama al Gobierno que tome medidas para evitar las actuaciones "arbitrarias y contrarias a lo establecido en la ley" por parte de las intervenciones de fondos municipales, con relación a las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos.

El PSOE también apela a la "seguridad jurídica" para regular la "posibilidad expresa" de que que los grupos parlamentarios hagan aportaciones a los partidos políticos, mientras que el PP le emplaza a determinar en la ley las "condiciones" en las que se pueden o no llevar acabo aportaciones de los grupos municipales a los partidos.

La normativa vigente ya contempla esta opción, pero el Tribunal de Cuentas ha pedido acotarla en varias ocasiones. En su propuesta, recogida por Europa Press, el PSOE habla en concreto de la necesidad de "lograr la necesaria armonización" entre lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos y en la Ley de Bases del Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas sostiene que la Ley de Bases del Régimen Local debería fijar las "condiciones y requisitos" para que los grupos pudieran hacer aportaciones a sus partidos y subraya que, en todo caso, éstas deberían "responder a la finalidad de la dotación económica que se les asigna, estando, por lo tanto, vinculadas dichas aportaciones al cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tienen atribuidas".

A este respeto, el fiscalizador sugiere que las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y sus grupos institucionales se formalicen mediante convenios en los que se recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios.

El PSOE no entra a tanto detalle en sus propuestas y sólo reclama una armonización entre lo que establece la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Bases del Régimen Local. La primera reconoce como financiación publica las aportaciones que los partidos puedan recibir de sus grupos parlamentarios en las Cortes, parlamentos autonómicos o entes locales, mientras que la segunda se refiere sólo a la dotación económica que se acuerda para los grupos municipales y estipula que esos fondos no pueden "destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial".

Además, PSOE y PP vuelven a pedir que refuerce la prohibición de la condonación total o parcial de las deudas de los partidos para que no pueda ser eludida mediante falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, con lo que, en la práctica, no se liquide.

Asimismo, los dos partidos quieren que se incluya entre los supuestos de infracción grave la presentación de cuentas anuales en el periodo de alegaciones que abre el fiscalizador una vez iniciados sus antreproyectos de informes.

De su lado, Vox aprovecha para volver a pedir al Gobierno que promueva una reforma de la Ley Electoral para eliminar las subvenciones a los partidos políticos y las fundaciones vinculadas a ellos, incluidas las destinadas a sufragar gastos electorales, para que se financien únicamente por vías privadas. También pide al Tribunal de Cuentas que cuantifique el coste de todas ellas para tener claro cuánto se ahorraría con su eliminación.

Respecto a la recomendación del Tribunal de Cuentas de eliminar las subvenciones para gastos de seguridad, una vez desaparecida la amenaza de ETA, el PP, que hace un año se abrió a suprimirlas, ha incluido ahora una propuesta para solicitar expresamente que se mantengan.

En relación con las fundaciones, PSOE y PP defienden que ajusten su actuación a la de sus fines fundacionales, evitando que su actividad "se limite a la mera tenencia de inmuebles o a la obtención de recursos" para los partidos a las que están vinculadas.

Socialistas y 'populares' coinciden en animar a las entidades de este tipo que están inactivas a disolverse y, además, el PP pide que se establezca como requisito para obtener subvenciones públicas la inscripción de las fundaciones en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

Por último, el PP pide cambiar la ley para fijar una cuantía mínima para proceder a la notificación obligatoria, en el plazo de tres meses desde su aceptación, de las donaciones de personas jurídicas al Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que esta institución solicita y analiza la relación completa de las aportaciones y donaciones en el desarrollo de los trabajos de fiscalización.