Carpetazo al caso Quality Food tras más de dos décadas en los juzgados. La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia firme esta mañana, al término de una vistilla que no ha durado ni veinte minutos y que pone fin al pleito entre Zona Franca de Cádiz y el empresario gaditano Manuel García Gallardo, cuya empresa se instaló en el recinto interior con la participación como accionista del Consorcio.
García Gallardo ha asumido su responsabilidad en los delitos que se le imputan de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, después de que el Ministerio Fiscal rebajara las penas en total de diez a tres años y medio de cárcel, y ha solicitado la suspensión de la condena dado que ningunas de ellas superaban los dos años, y la condena ha sido conmutada por una multa de 2.900 euros y no entrará en prisión finalmente.
No obstante, todo ella condicionado a que no vuelva a delinquir en los próximos dos años o que no se haga firme ninguna otra condena anterior en este periodo.
El otro acusado, Víctor Ocaña, ex director de una sucursal del BBVA, también ha aceptado los cargos y no sumará cuatro años entre rejas más (se encuentra ingresado en un centro penitenciario por otro asunto), al no contar con sentencia condenatoria anterior a estos hechos, y tendrá que pagar una multa de unos 800 euros en plazos durante 24 meses.
Cabe recordar que el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio a los condenados en el caso Quality Food, 20 años después de que estallara el escándalo por malversación de caudales públicos en la Zona Franca de Cádiz para presuntamente beneficiar a la empresa de alimentación.
La decisión se tomó al considerar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz debió admitir un informe pericial llevado a cabo por KPMG Asesores S. L. que era “pertinente, necesaria y relevante”.
El Tribunal Supremo estimó que no admitir dicha prueba vulneraba el derecho a la defensa de los encausados estimado el recurso de casación dejó sin efecto las penas a tres de los investigados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz en 2019.
Esto no afecta a los encausados que quedaron absueltos, Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, ni su jefe de Gabinete entonces, José Manuel Fedriani, así como Rafael Borrego, al que se le suponía testaferro de una empresa de García Gallardo.
Con el cierre definitivo de este pleito, Zona Franca queda exonerada de cumplir la sentencia del Tribunal de lo Mercantil que obligaba al Consorcio a pagar al empresario 10,1 millones de euros, por un juicio sobre la valoración de las acciones de la sociedad adquiridas en 2003, que con intereses ascendían a 20,2 millones (según cálculos de Zona Franca) y 35 millones, según el condenado.
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