La cruzada legal de los exfranquiciados contra Restalia, empresa matriz de populares cadenas como
100 Montaditos, The Good Burger (TGB) y La Sureña, toma un nuevo impulso.
Los demandantes han presentado una ampliación significativa de su denuncia, en la que implican a Virginia Donado, directora general, y José Luis Vidal, director de relaciones con franquiciados, como ejemplos palpables del fracaso del modelo de negocio promovido por Restalia. Esta acción legal busca demostrar que incluso los propios líderes del grupo no pudieron evitar el declive económico de las franquicias que administraban directamente, desmintiendo así la viabilidad y rentabilidad prometidas.
Según publica
Cinco Días, el caso, que se encuentra en un punto crítico a la espera de una resolución del Tribunal Supremo sobre la competencia jurisdiccional,
ha visto rechazos y aceptaciones en distintos niveles de la justicia española. La Audiencia Nacional se ha desmarcado del caso, mientras los exfranquiciados luchan por mantener viva su demanda, aportando nuevos elementos que refuerzan sus acusaciones de estafa y malas prácticas comerciales.
La historia de esta disputa legal comenzó en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid aceptó la primera de una serie de denuncias que hoy ascienden a una cifra reclamada
superior a los 20 millones de euros.
La complejidad del caso se ha acentuado con el tiempo, revelando una maraña de acusaciones que incluyen estafa, organización criminal y coacciones. Los exfranquiciados alegan que Restalia les vendió un sueño empresarial basado en proyecciones económicas irreales y acuerdos ocultos con proveedores que nunca llegaron a beneficiarles.
A pesar de que un magistrado madrileño archivó inicialmente el caso, atribuyendo las pérdidas de los franquiciados a la pandemia de Covid-19,
la Audiencia de Madrid revocó esta decisión y reabrió la investigación, subrayando la necesidad de un examen más detallado de los hechos. Esta decisión marcó un punto de inflexión, ofreciendo a los exfranquiciados un rayo de esperanza en su búsqueda de justicia.
Los denunciantes han compilado un voluminoso dossier de evidencias, incluyendo registros contables, grabaciones de audio y múltiples informes periciales, que cuestionan la gestión y ética empresarial de Restalia.
Señalan la existencia de "aperturas indiscriminadas" de franquicias bajo premisas engañosas, y acusan a la compañía de esconder los verdaderos términos de sus acuerdos con proveedores, perjudicando sistemáticamente a los franquiciados.
