El
Ministerio de Hacienda, en una maniobra que va a levantar ampollas, ha decidido reasignar
500 millones de euros que estaban presupuestados para las
comunidades autónomas y ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la entrada del Estado en el capital de
Telefónica. Este movimiento financiero ha sido ejecutado a través de una contribución de la Hacienda Pública a su
Sociedad Estatal, despertando dudas sobre su adecuación legal, ya que no estaba previsto en los presupuestos, y según expertos, requeriría de un marco legal específico para su implementación.
La controversia se centra en el
Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria para 2023, donde se detallan 16.000 millones de euros destinados a la
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales,
según publica el periódico Voz Pópuli, fondos destinados a la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin embargo, de esta cantidad, se han desviado 500 millones para la adquisición de una participación en Telefónica, lo que ha puesto en tela de juicio la legalidad y la transparencia de la operación.
La
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) confirmó la adquisición de un
3,04% en Telefónica, con la intención declarada de incrementar esta participación hasta alcanzar un
10% del capital social de la empresa. Esta estrategia ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que la consideran poco justificada desde el punto de vista económico, sugiriendo que podría responder más a intereses de control e influencia sobre la compañía que a una inversión financiera prudente.
Las repercusiones de esta decisión se extienden más allá de la esfera económica, ya que la
SEPI, que no tiene capacidad para emitir deuda y ya arrastra un pasivo significativo, podría verse aún más presionada financieramente. Esta situación complica aún más el panorama para el contribuyente, especialmente si se tiene en cuenta que la adquisición del resto del paquete accionarial previsto implicaría un desembolso adicional considerable.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha defendido la operación argumentando que el incremento en el valor de las acciones de Telefónica tras el anuncio de la participación estatal evidencia una recepción positiva por parte del mercado. No obstante, esta interpretación no ha mitigado las críticas que califican la maniobra de "chapuza" por la falta de claridad y la potencial repercusión negativa para las finanzas públicas.
