Las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio de Sevilla han acampado este lunes, 1 de abril, frente al Ayuntamiento de la capital hispalense para reclamar la “municipalización del servicio” ante la situación “absolutamente precaria” en la que se encuentran.
Así lo ha denunciado las trabajadoras, arropadas por el concejal de IU en el ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez; el diputado nacional por Sumar y Secretario General del PCE, Enrique Santiago; y la diputada nacional por Sumar, Engracia Rivera.
En el pleno del 25 de abril, el grupo municipal de IU va a presentar una moción instando “de una vez por todas a la municipalización, al rescate del servicio”.
“La precariedad del sector va a más. Queremos la municipalización del servicio. Estamos en manos de empresas privadas, sin experiencia en el sector, que se han dedicado al ladrillo. Cuando se licita el servicio, salen de debajo de las piedras las empresas. La dependencia está mercantilizada y nos están sometiendo a esclavitud laboral. Cada vez es mayor el abuso. Ha que terminar con la esclavitud laboral a la que nos tienen sometidas las administraciones públicas”, ha denunciado Ana Richarte, secretaria de CGT-Andalucía en SAS.
En Sevilla, el servicio lo ejercen alrededor de 30.000 personas, que atienden a más de un millón de usuarios.
Según ha confirmado Ismael Sánchez, “las empresa no están cumpliendo el pliego técnico por el que fueron adjudicatarias y ello repercute negativamente en las trabajadoras y los dependientes”.
Ha dicho: “El 25 de abril los distintos grupos municipales se van a tener que posicionar sobre con quién están”.
Sánchez ha demostrado su “apoyo” a las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de la ciudad de Sevilla, “un colectivo feminizado, que se encuentra en una situación absolutamente precaria”. A este respecto, ha afeado al Ayuntamiento que “está mirando para otro lado”, apostando por “un cambio de modelo”.
Ha dicho: “No se puede seguir licitando contratos a empresas privadas que han demostrado que, ni les preocupa las trabajadoras, ni la calidad del servicio, ni la situación de los dependientes”.
Ha denunciado que “las empresas privadas están haciendo cajas millonarias con estos servicios”, por lo que “ya no es el momento de medias tintas, es el momento de apostar por que este servicio se preste desde lo público, porque no es un capricho".
Apostilla: “Nuestros mayores no están recibiendo el servicio que corresponde según la Ley. Estamos pidiendo que se cumpla la Ley”
El diputado nacional por Sumar y Secretario General del PCE, Enrique Santiago, ha expresado que “es un trabajo esencial para la sociedad y tiene que ser reconocido”, que “no puede ser que no cuenten con coeficientes reductores para la jubilación porque es un trabajo que no se puede desempeñar hasta los 65 o 67 años”.
Ha explicado que “las mejores condiciones para su desarrollo son incompatibles con el núcleo privado”. Y es que “de los 16 euros a la hora que paga la Junta de Andalucía a los ayuntamientos para prestar el servicio, no llegue ni la mitad a quien realiza el servicio”.
Ha concluido: “Trabajaremos por que se mejoren condiciones de trabajo, que pasan por acabar con la privatización del servicio”.
Por su parte, la diputada nacional por Sumar-Sevilla, Engracia Rivera, ha señalado que es un “servicio público” y en los ayuntamientos “donde no se ha privatizado, las trabajadoras son empleadas públicas”.
Ha dicho: “Estas mujeres llevan años luchando por sus condiciones laborales y la de las personas a las que cuidan, por lo que merecen un reconocimiento profesional, pero también social, salarial y de categoría profesional. No puede ser que lo que era esencial en pandemia, hoy sea precarizado, arrumbado y pasto de las empresas, que lo que buscan es el lucro y beneficio”.
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