La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha confirmado al Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía que "tiene previsto" elaborar y ejecutar un protocolo de actuación para "prevenir la violencia en los centros de protección, con especial atención a las situaciones de abuso sexual, explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protección", aunque no especifica plazos.

A raíz de la apertura de un queja de oficio por parte de la Defensoría del Menor, la Junta de Andalucía ha contestado al organismo autonómico que va a redactar este protocolo en el marco del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (2024/2027), que "tiene como finalidad la promoción del bienestar de niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida", tal como han explicado desde la Consejería a Europa Press.

El Defensor reclamaba en su queja la "aprobación e implantación de los protocolos específicos de prevención de situaciones de amenaza o agresión de naturaleza sexual en los recursos y centros dedicados al sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Andalucía", así como un proyecto de sistema informático de gestión integrado para las intervenciones de la entidad pública de protección, en particular, respecto de las actuaciones realizadas ante menores atendidos en centros bajo la supervisión de la Administración regional.

Mientras toma forma el protocolo, la Junta este mismo 2024, y ya en 2023, ha distribuido en todos los centros de menores de Andalucía una guía de actuación para la detección, notificación y derivación de casos de explotación sexual contra la infancia en centros residenciales, con especial atención a niñas y adolescentes, editada por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad. Recuerda también que en 2022 impartió formación específica a todos los profesionales de estos centros que volvió a repetirse en 2023.

Sobre guías, la Consejería que dirige Loles López explica al Defensor que cuenta ya con una en la que se fijan indicadores que tener en cuenta para la detección de casos de violencia sexual y pautas de actuación dirigidas a centros de protección de menores. Una guía "sencilla y efectiva" para la "adecuada detección y actuación por parte del personal técnico y educativo perteneciente a los centros de protección sobre los menores que están bajo su guarda".

En relación con el sistema informático, la Junta está valorando la adaptación del proyecto piloto que diseñó para un centenar de centros a la normativa vigente en protección de datos. En su escrito de queja, el Defensor exponía que su oficina "ha venido prestando una especial atención sobre el funcionamiento de distintos centros y recursos destinados a prestar apoyo a menores con especiales dificultades de comportamiento".

Con motivo de una de las visitas a centros de menores, la institución formuló resolución con fecha 3 de noviembre de 2021 ante la Dirección General de la Infancia y ante la entidad colaboradora y gestora de unos de los centros. Dicho pronunciamiento afectaba a la dotación de protocolos específicos ante situaciones de agresiones sexuales y a la implantación de sistemas informatizados de gestión y manejo sobre las intervenciones que se realizan con este colectivo de jóvenes a través de los distintos recursos disponibles.

En la resolución emitida entonces, se sugería la elaboración y puesta a disposición de protocolos específicos de prevención de situaciones de amenaza o agresión de naturaleza sexual en los recursos y centros dedicados al sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Andalucía, y la puesta en marcha de un sistema informático de gestión integrado para las intervenciones de la entidad pública de protección, en particular respecto de las actuaciones realizadas ante menores atendidos en centros específicos de alteraciones de conducta y comportamiento.

Las respuestas ofrecidas tanto por la Dirección General de Infancia como desde la entidad concertada del centro resultaron "claramente colaboradoras", respondiendo ante la resolución de "manera positiva" y anunciando los trabajos necesarios para poder implantar ambas medidas sugeridas desde la Defensoría. Una vez transcurrido un plazo adecuado, la Defensoría ha abierto el procedimiento para conocer el estado de cumplimiento de las medidas anunciadas y la respuesta, por parte de la Administración es que "tiene previsto llevar a cabo" la redacción del protocolo solicitado.