La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz, con sede en Granada y encabezada por su presidente, Lorenzo del Río, ha celebrado esta mañana la vista de apelación de competencia tras el recurso presentado por el fiscal y la acusación particular, que ejercen los padres de la joven fallecida en Sevilla en 2009.
Durante su informe, el fiscal Arturo Gómez Pardo ha ratificado el recurso de apelación en el que se pedía la revocación del auto del magistrado de la Audiencia designado presidente del jurado, Javier González, quien ordenó que el caso fuese enjuiciado por un tribunal profesional a la vista de la última jurisprudencia del Supremo.
El magistrado presidente del jurado basó su razonamiento en que, del relato de hechos realizado por las acusaciones, se deducía que la finalidad principal del asesino confeso, Miguel Carcaño, y de su amigo menor de edad Javier G.M. no fue matar a Marta sino violarla.
Al respecto, la acusación pública recuerda que, contrariamente a lo señalado en el auto recurrido, las acusaciones no dicen que se causara la muerte de Marta para ocultar la agresión, por lo que existe "una duda razonable", que lleva a acudir al criterio sostenido por el Tribunal Supremo de cuál fue el delito más grave para decidir quién debe enjuiciar los hechos.
El problema se plantea, según ha informado la Fiscalía Superior, cuando presuntamente se comenten delitos cuyos enjuiciamiento viene reservado al Jurado popular (asesinato) junto a otros (agresión sexual y encubrimiento) que corresponderían a un tribunal profesional, que en este caso sería la Audiencia de Sevilla.
En los casos en que se plantea esta controversia, indica el Ministerio Público, se procura un enjuiciamiento conjunto para todos los delitos, a fin de que no puedan existir dos sentencias sobre un mismo hecho que fueran "contradictorias".
Por ello, la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha defendido lo ya esgrimido al respecto por la Fiscalía de Sevilla, se ha referido en primer lugar a la "conexidad" de la agresión sexual, el asesinato y el encubrimiento imputados para defender el enjuiciamiento conjunto de estos delitos y apostar por un jurado popular.
El fiscal cree que, en este caso, la "penalidad" mayor corresponde al delito de asesinato, y la menor, a los de agresión sexual o encubrimiento, por lo que el caso correspondería a un jurado popular.
El abogado de la familia, José María Calero, que se ha adherido a lo mantenido por el fiscal, ha anunciado, pese a tratarse de un asunto que no es objeto de este procedimiento, que planteará una cuestión de inconstitucionalidad para que todos los acusados sean juzgados en una única vista oral o que, subsidiariamente, se aplace el juicio al menor de edad apodado "El Cuco" previsto para el próximo lunes.
Por su parte, las defensas personadas en la vista de apelación, entre las que no estaba la de Miguel Carcaño y que representan a su hermano Francisco Javier D.M., la novia de éste, María G.M., y su amigo, Samuel B.P., se han opuesto a lo defendido por las acusaciones en el recurso y han mostrado su conformidad con lo dictado por el juez Javier González.
En este sentido, los defensores han calificado de "artificiosos" los argumentos esgrimidos por la otra parte y han llegado a afirmar que, dada la "repercusión mediática" del caso, son "enormes" las posibilidades en contra de un veredicto "justo" para sus clientes, por lo que "confían más" en un juicio con un tribunal profesional
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